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Crece mortalidad materna

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La mortalidad materna en Yucatán es un flagelo que de nueva cuenta empieza a crecer, debido a la ausencia de políticas públicas, y la desidia de instancias “autónomas” vinculadas a la protección de los derechos humanos y el combate a la negligencia médica.

De 2011 a la fecha, en el Estado ya se registraron 115 casos de mujeres que perdieron la vida durante la gestación, al momento del parto o por complicaciones registradas después del embarazo, y tan sólo en la administración anterior fueron 86.

A partir de esa fecha, el problema seguía al alza al grado de que en 2013 se registró la cifra más alta, con 21 casos, para luego empezar a disminuir la incidencia, registrando en 2017 tan sólo cuatro defunciones.

El exceso de confianza del sector médico así como el desinterés de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy), a través de su comisionado vitalicio, Edgardo Martínez Menéndez, han provocado que el tema no sea tratado con la debida seriedad y urgencia que demanda.

Hasta el momento, en la entidad, ya son 14 las fallecidas, de las cuales dos corresponden a la actual administración de Mauricio Vila Dosall Los casos se registraron la semana pasada, tanto en Mérida como en el interior del Estado.

Por ende, el aumento del índice de letalidad es del 250 por ciento con respecto al total registrado el año anterior, incluso ya se superó la cifra de 2016 de 12 defunciones, y se está a la par con los casos confirmados en 2011 y 2015.

De continuar con el ritmo de crecimiento se podría superar el total de 2014, con 17, y en el peor de los casos la de 2012, con 19.

Según la Secretaría de Salud federal, contar con un buen control de embarazos reduce el índice de mortalidad materna, de ahí la importancia de concientizar a los estudiantes.

Pero al menos en Yucatán, han sido pocas las ocasiones en los que se efectuaron actividades de este tipo en las escuelas.

El 30 de diciembre de 2015, la Codhey emitió la Recomendación General 07/2015, dirigida a la SSY, sobre las prácticas médicas y administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio.

De igual forma, las acciones y omisiones que generaron deficiencias en la atención de niñas y niños recién nacidos en los hospitales y clínicas del sistema de salud público del Estado.

 

OMISIONES

La Recomendación se sustentó con el análisis de 22 expedientes de 26 mujeres afectadas entre 2005 y 2015, en los cuales se encontraron actos contenidos en la definición de violencia obstétrica como: negligencia médica; prestación indebida del servicio público del sector salud, y negativa o inadecuada prestación del servicio público del sector salud.

Asimismo, la violación a la protección de la salud; la omisión de información sobre el estado de salud; la violación al derecho a la protección a la integridad; así como al derecho de niñas y niños a la protección de su integridad.

De las 26 mujeres agraviadas, cinco fallecieron y de los 22 bebés, nueve murieron. Los decesos fueron por no recibir la atención necesaria en el momento oportuno, aún cuando habían acudido a solicitarla.

De igual modo, durante la administración de Rolando Zapata Bello, también se hizo caso omiso a esta situación, y lo peor de todo es que la Codhey no insistió y mucho menos ha vuelto a emitir otra recomendación, a pesar que de 2016 a la fecha ya son 30 los casos de mortalidad materna.

El 24 de abril de 2012 se emitió el decreto para la creación de la Codamedy, imponiendo a Martínez Menéndez como su titular, y a lo largo de poco más de seis años son menos de 10 los casos de mortalidad materna que fueron analizados, y en ninguno de ellos se determinó que hubo negligencia médica.

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