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Acusan millonario fraude a los taxistas del Aeropuerto

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A pesar de las pruebas de un fraude por cerca de 10 millones de pesos, cometido por titulares del gremio de los taxistas del aeropuerto, el dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor “Billy” Fernández Zapata, mantiene su postura de proteccionismo a favor de los presuntos delincuentes, denunciaron los afectados.

En conferencia de prensa, reprobaron el abuso de confianza de los directivos de la Sociedad Cooperativa de Autotransporte del Aeropuerto y  al mismo tiempo lamentaron la actitud de Fernández Zapata, pues “hasta el momento no hay una expresión de apoyo a favor de los trabajadores”.

“Todo parece indicar que el secretario general del FUTV está en contra de los agremiados, principalmente los que laboran en la terminal aérea, quienes están a punto de perder su concesión”, aseveró Ricardo Burgos.

Ante los comunicadores, responsabilizó de las anomalías al presidente de la sociedad, Joel Aguilar Salazar; al tesorero René Eber Pech Palomo, y al apoderado legal Ricardo José López Pérez, quienes de manera ilegal de apoderaron de unos 10 millones de pesos.

Incluso, adeudan cerca de 1.8 millones de pesos por renta del espacio correspondiente al Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescensio Rejón”.

Por ende, están a punto de perder la concesión que tienen en la terminal y que data de 1988, es decir, llevan tres décadas en el lugar.

El declarante aseveró que “se desconoce el paradero de todo el dinero entregado, pues nunca llegó a manos de las instituciones a las que se debió de pagar”.

Debido a las numerosas irregularidades, se interpuso una nueva denuncia penal en contra de los tres antes mencionados.

Ante tal arbitrariedad solapada por el dirigente del FUTV, cerca de 70 familias se verían afectadas ante la pérdida de la licencia  para laborar en la terminal.

Aseguran que “a pesar de que tenemos los documentos correspondientes, para demostrar el fraude, hasta el momento “Billy” Fernández nada hace para resolver el problema, al contrario, apoya a los presuntos culpables”.

Por su parte, Rafael Díaz Castillo informó que interpuso  denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que pagó 134 mil pesos por la concesión de un vehículo, pero el dinero nunca llegó a la industria automotriz.

 

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