Exigen suspensión de magistrados federales

Activistas y académicas exigieron la suspensión de los magistrados que otorgaron el amparo a Cristian C.D., quien golpeó a su expareja Andrea M. C. a finales del año pasado.

Aunque en un principio el agresor fue vinculado por feminicidio agravado en grado de tentativa, recientemente se reclasificó el delito a violencia familiar y lesiones calificadas, al obtener este recurso jurídico.

En conferencia de prensa, las manifestantes aseguraron que este caso demuestra que el Sistema Judicial no garantiza a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia el acceso directo y oportuno a la justicia.

“Por lo anterior, expresamos nuestro enérgico cuestionamiento y solicitamos al Consejo de la Judicatura Federal que sea investigado el presente hecho y de manera preventiva sean suspendidos de sus funciones los magistrados que integran el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito”, aseveró la académica Ligia Vera Gamboa.

Estos magistrados son: Jorge Enrique Eden Wynter, Pablo Jesús Hernández Moreno y Didier Rolando Ramírez Canto, cuya suspensión, afirmaron las activistas, es imperativa, ya que, de no realizarla se causaría un daño irreparable a la imagen, reputación y opinión pública del Poder Judicial de la Federación.

“Queremos manifestar nuestra total indignación por la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres en el Estado de Yucatán. En el Poder Judicial federal y estatal, por emitir sentencias y resoluciones fuera de lógica y normatividad, se deja la vida de las niñas y mujeres a merced de los jueces y magistrados”, enfatizó Vera Gamboa.

Agregó que los magistrados no juzgan con perspectiva de género, sino que lo hacen con liviandad al reclasificar delitos graves a lesiones; y a los feminicidios en grado de tentativa los dejan en lesiones que tardan entre “más de 15 días en sanar”.

Las demandantes solicitaron en un oficio dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, suspender de sus funciones a los magistrados arriba citados y que le concedieron el amparo al karateca que golpeó salvajemente a su expareja en un predio ubicado al norte de la capital yucateca en noviembre de 2018.

Con esta sentencia, el imputado está siendo procesado sólo por el delito de violencia familiar y lesiones calificadas. Permanecerá en prisión preventiva en lo que dura el juicio.

Este hecho, sostuvieron las representantes de diversas asociaciones civiles, sería una muestra de la impunidad que existe en los casos de violencia de género que se registran en la entidad.

“O se definen para realmente aplicar justicia, justicia profunda, justicia plena, justicia justa, o van a caer en el descrédito todas las autoridades implicadas en el Poder Judicial y en la Procuración de Justicia”, sentenció la activista María Eugenia Núñez Zapata.