El Poder Judicial del Estado avanza en la capacitación de su personal para implementar las disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual promueve la incautación de los bienes que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos.
En entrevista con TRIBUNA, Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recordó que el pasado mes de agosto el Congreso de la Unión aprobó dicha norma, la cual, reconoció, le hace falta mayor difusión.
“Desde hace algún tiempo estamos en la capacitación, y el próximo mes de enero tendremos otra reunión para abordar el tema. En el Poder Judicial se determinó que corresponde a la Sala Mixta atender todo lo que sean las apelaciones en materia de extinción de dominio, esta sala atiende asuntos mercantiles y asuntos penales”, abundó.
Agregó que el Ministerio Público investigará el delito correspondiente, pero el proceso se realizará de forma separada y por la vía civil.
“Esta cuestión deriva desde luego primero de una investigación del orden penal que realice el Ministerio Público, ya sea Estatal o Federal, y cuando llegue al Poder Judicial, Estatal o Federal, va vía un procedimiento civil. Este procedimiento lo promueve el Ministerio Público”, indicó.
El magistrado presidente refirió que hasta el momento en Yucatán no se han registrado denuncias relacionadas con los delitos que persigue esta ley para apoderarse de las propiedades de los imputados.
Como trata de personas y secuestro, también se amplió al huachicol y a los delitos contra la corrupción y algunos otros más”, subrayó.
Otros delitos que contempla la ley son contra la salud, robo de vehículos y recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Esta ley fue elaborada con el propósito de fortalecer el combate al crimen organizado y a la corrupción, mediante el “apoderamiento” judicial de la estructura patrimonial y financiera mientras se sigue un proceso.
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