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Niegan amparo a activistas que defienden la unión gay

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El Juzgado Tercero de Distrito rechazó uno de los amparos interpuestos por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PTFY), por no pertenecer a la comunidad LGBT.

En dicho procedimiento, la agrupación había demandado al Congreso del Estado por realizar una votación secreta en julio del 2019, cuando se decidió por mayoría no reformar a favor del matrimonio igualitario.

El representante del mencionado colectivo, Carlos Luis Escoffié Duarte, detalló respecto a esta resolución.

“El juzgado decide no estudiar el fondo del asunto por un tema de procedencia o algo similar, es decir, no implica un pronunciamiento en el fondo. La juez Tercero del Distrito determinó que no podía analizar el fondo del asunto puesto que, quienes firmaron el amparo, no habían demostrado ser personas de la comunidad LGBT. Que no habían dado ninguna prueba que acreditase que son personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, etcétera”, declaró.

Calificó esta decisión como absurda, ya que no hay un documento que permita avalar las preferencias sexuales de las personas.

“Es un absurdo porque no existe forma de demostrar o acreditar con base en documentos que una persona tiene una orientación o identidad determinada, es absolutamente un absurdo que jamás se ha solicitado ni exigido en ninguno de los juicios a nivel estatal”, sostuvo.

En el mismo sentido explicó que, incluso, las parejas homosexuales que han logrado casarse legalmente en el Estado vía amparo no han tenido que entregar documentación alguna que avale sus preferencias.

“Actualmente se calcula que más de cien parejas del mismo sexo están casados en Yucatán vía amparo, y en ninguno de esos juicios se tiene registrado que se les exigió algún tipo de acreditación para ser personas LGBT”, dijo.

De igual forma, comparó esta situación con la de otros grupos vulnerados, “cuando una persona dice ser parte de un grupo históricamente excluido o discriminado, se presume su pertenencia a este grupo, es decir, legalmente no es que se le imponga la carga de la prueba, sino que se asume precisamente para no impedirle el acceso a la justicia”, comentó.

“Sucede por ejemplo cuando una persona dice identificarse como indígena. Los entes legales no le piden demostrar serlo, puesto que se presume esa pertenencia para que pueda acceder a sus derechos y así identificar su condición”, añadió.

El activista enfatizó que redoblarán esfuerzos respecto a esta iniciativa. “Es importante señalar que este no es el cierre del juicio, es la primera resolución, pero queda el recurso de revisión, que es una segunda instancia, una segunda oportunidad en la que todavía puede revertirse esta decisión, y tener una sentencia favorable”, concluyó.

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