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Piden medidas cautelares para detener Tren Maya

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Además de buscar el respaldo de la justicia federal, comunidades y organizaciones indígenas de la Península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pidieron a su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, que emita medidas cautelares para detener las obras y “todas aquellas actividades relativas” al Tren Maya, que consideraron “no esenciales ni prioritarias en este momento”.

En un escrito de 37 cuartillas, entregado al organismo el viernes 8, las organizaciones denunciaron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar con el megaproyecto, a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19, “pone en riesgo la salud y vida de la población de la península (…) principalmente de quienes integran las comunidades indígenas afectadas”.

De manera explícita pidieron a la CNDH que las medidas cautelares exijan a las autoridades “abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto denominado ‘Tren Maya’, es decir, para que no se ejecute ese proyecto de obra para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues de continuarse se pondría en peligro a la población en general, dado que nos encontramos en medio de la contingencia generada por el virus covid-19”.

En paralelo a las medidas cautelares, las comunidades presentaron una queja formal contra los decretos publicados los días 6 y 23 de abril pasado, que exentaron de la suspensión de actividades a las empresas relacionadas con los megaproyectos impulsados por López Obrador, entre ellos el Tren Maya.

Y en su recurso ante la CNDH insistieron en que “las actividades relacionadas con el Tren Maya no son vitales en este momento, es decir, no son prioritarias de urgencia nacional”.

De acuerdo con las organizaciones, la decisión de continuar con el Tren Maya representa un “abuso de poder” cometido “en detrimento de los derechos humanos de todos los gobernados, ya que avanzan mientras la población sufre de las restricciones impuestas de manera fáctica y legal al derecho al acceso a la información y a la justicia”.

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