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Amparo a sexoservidoras no es impunidad: Romero

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El amparo que recientemente ganaron 16 trabajadoras sexuales contra el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que sanciona el trabajo sexual en vía pública, no garantiza que de cometer alguna falta no puedan ser detenidas, afirmó Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de la capital yucateca.

“A todas las personas se les puede detener si incurren en algún delito, o sea, amparadas están por un artículo del Bando de Policía y Buen Gobierno, pero eso no quiere decir que si caen en disturbio o alguna situación que pueda ser una falta administrativa o delito no se les detenga… no es una carta de impunidad”, apuntó.

Son 16 trabajadoras las que están amparadas con nombre y apellido, resaltó, no se les detiene por lo que hacen, lo que pasa es que a veces hay quejas contra ellas por robo o pleitos, es en lo que actuamos nosotros, los policías ya tienen conocimiento y saben cómo actuar, así no vemos que haya algún problema.

Como se dio a conocer en su momento, el pasado 29 de octubre  la jueza tercero de Distrito de Yucatán emitió la resolución correspondiente al juicio de amparo 727/2020, en la que determinó que el artículo 15, fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de la Ciudad de Mérida, que sanciona el trabajo sexual en la vía pública, emitido por el Ayuntamiento de esta ciudad, es contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente.

Dicho amparo fue presentado por 16 trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Mérida, frente a los constantes operativos cometidos en su contra por la Policía Municipal, y que derivaron en violaciones a sus derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.

Al resolver el amparo, la jueza argumentó que sancionar en la norma municipal el trabajo sexual con el argumento de preservar “la dignidad de las personas”, significaba “mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de las personas que se dedican al trabajo sexual remunerado por cuestiones de moralidad”.

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