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Más de mil quejas contra autoridades policiacas

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Más de mil quejas contra autoridades policiacas y municipales recibió la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) durante el 2020 y emitió 30 recomendaciones de las que en su mayoría fueron para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con un total de 13, anticipó su presidente Miguel Óscar Sabido Santana, quien mañana rendirá su segundo informe ante el Congreso del Estado.

“Recibimos aproximadamente más de dos mil 600 solicitudes de intervención, de estas poco más del 50 por ciento fueron de nuestra competencia, se formaron expedientes ya sea de gestión o de queja y emitimos 30 recomendaciones, apuntó.

En entrevista para TRIBUNA, agregó que los principales hechos violatorios que se denunciaron fueron la prestación indebida del servicio público, las detenciones arbitrarias, lesiones, robo y amenazas, entre otros.

Las autoridades que más denunciaron fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en primer lugar; el Ayuntamiento de Kanasín, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), la Prodemefa y la Secretaría de Salud (SSY).

Forman parte de la lista de recomendaciones los ayuntamientos de Umán,  Izamal, Chemax, Chichimilá, Kanasín, Mérida, Río Lagartos, Teabo, Tekantó, Tizimín y Valladolid.

En el caso de la recomendación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se dio por la falta de un monitor-sombra con discapacidad; a la Prodemefa porque un menor se escapó y no tuvo la debida protección, y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial por el trabajo de un juez de paz.

En cuanto al número de solicitudes, Sabido Santana dijo que se redujo en relación con el 2019. A lo largo del 2020 se recibieron dos mil 600, mientras que el año anterior fueron poco más de cuatro mil solicitudes de intervención, de las que la mayoría fueron por injerencia de la Codhey.

La gran mayoría de las quejas tuvieron que ver con temas relacionados con las actividades de los cuerpos policiacos, o que se desarrollaron desde los ayuntamientos como restricciones a la libertad de tránsito, detenciones arbitrarias e ilegales, lesiones o malos tratos.

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