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Avance favorable en indagación del asesinato de José Eduardo

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La madrugada del pasado sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) exhumó el cadáver del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado por policías en Mérida, Yucatán, luego de que el 17 de agosto abrieran una carpeta de investigación por tortura.

Esta información fue confirmada por el abogado de la familia, Andrés Nieves Cervantes, quien aseguró que los deudos del Güero estuvieron presentes durante la exhumación en el cementerio municipal La Isla, en el Estado de Veracruz.

“Cada una de las actuaciones, aquí o allá, la señora está enterada y de acuerdo con todo el procedimiento, pues  quiere que se llegue a la verdad, y los culpables estén tras las rejas”.

Tras encontrarse irregularidades durante la investigación realizada por autoridades yucatecas, la FGR decidió exhumar el cuerpo del joven con el fin de que se le practique una nueva necropsia, para aportar datos precisos sobre las agresiones de las que fue víctima y que permitan esclarecer las causas de su muerte, ocurrida el 3 de agosto en el hospital Agustín O’Horán de Mérida.

El abogado de Dora María Ravelo Echeverría informó que, hasta el momento, la investigación que la dependencia federal ha realizado ha arrojado indicios favorables que ayudarían a esclarecer el caso.

“Ahora estamos manteniéndonos al margen pero en breve saldrá a declarar, pues vamos a tener buenos resultados, vamos a tener una carpeta fortalecida, ahora sí no le veo duda que vamos a fincar responsabilidades”.

Los familiares de José Eduardo, así como Nieves Cervantes, dijeron sentirse satisfechos con el manejo que la Fiscalía General de la República le ha dado al caso, y confían que se hará justicia.

Durante su conferencia matutina del martes 16, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR iniciar carpeta de investigación por el presunto asesinato y violación; se solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender este caso.

También dijo que se estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para hacer justicia.

El  20 de agosto, la FGR aseguró tres patrullas municipales de Mérida dentro de sus investigaciones.

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