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Registra Estado mayor impunidad ambiental

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Yucatán ocupa en el país el tercer lugar con mayor impunidad ambiental, sólo superado por Colima y Sinaloa. De  cuatro puntos posibles de la evaluación, la entidad yucateca calificaría con 1.72, por debajo de la media nacional que es de 1.93 puntos.

Lo anterior es resultado del análisis realizado por la Universidad de las Américas en Puebla (Udlap), mediante el Índice Global de Impunidad que se utiliza en diferentes partes del mundo para identificar las problemáticas.

Los rubros a calificar fueron cuatro. El primero, dimensión de capacidad institucional, es decir, qué instrumentos legales existen para castigar estos ilícitos y qué rubros abarcan. Yucatán alcanzó 0.15 puntos.

El segundo es crimen ambiental, que mide la cantidad de delitos registrados contra el medio ambiente. Yucatán es el séptimo Estado donde más permea esta problemática.

También se evalúa la degradación ambiental, que refiere al agotamiento de recursos naturales. Este rubro sería el único en que la entidad superaría la media nacional de 0.5 puntos, alcanzando 0.58.

Finalmente la dimensión de estrategia intergeneracional, es decir, los métodos que permiten la conservación del ambiente a largo plazo. Ocuparía la novena posición en la peor dimensión con sólo 0.29 puntos.

Con estas calificaciones, Yucatán estaría entre los seis estados con un nivel de impunidad ambiental considerado alto, acompañado por Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y Sinaloa. La única entidad con clasificación muy alta de impunidad es Colima.

 

AUSENTE,

MARCO LEGAL

La ausencia de un marco legal efectivo que identifique con prontitud y castigue a los responsables de crímenes ambientales, ha sido el principal elemento que ha ocasionado que Yucatán ocupe el tercer lugar en impunidad de estos ilícitos, aseguró el presidente del Colegio de Postgraduados en Ciencias Ambientales, Salvador Castell González.

“Se puede notar que hay ausencia de una figura de acceso, seguimiento y procuración de la justicia ambiental en el Estado.  El problema que hay en Yucatán es que la mayoría de los municipios, sobre todo los más pequeños, es que no tienen artefactos jurídicos que les permitan hacer un manejo territorial, entonces si combinamos que no existe el artefacto jurídico y reglamentario con las situaciones ambientales, pues vas a tener un problema grande”.

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