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Protestan contra contralor del Inaip

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Provoca a organización civil adeudo de 80 mp ante SAT

Integrantes del Club Especial Ayelem de Niños con Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral se manifestaron en las instalaciones de Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), en contra del contralor Luis Javier Magaña Moguel, quien presuntamente cometió actos irregulares al frente de la asociación, provocándole un adeudo de más de 81 mil pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El acusado prestó servicios al club en los últimos nueve años, pero desde el 2019 las declaraciones anuales las realizó en ceros, causándole perjuicios a los más de 30 hombres y mujeres con alguna discapacidad que acuden al sitio, aseguró la titular de Ayelem, Nelly Cantón Méndez.

La mujer precisó que desde el 2013 el funcionario llevaba la contabilidad de la organización civil y de la microempresa que tienen en apoyo a los jóvenes. “No hizo nuestra declaración de transparencia, obviamente al no tenerla  el SAT nos multa con más de 81 mil pesos y tenemos hasta el 8 de julio para pagar, imposible de costear para nuestra organización”, lamentó.

Señaló que el apoyo del sector público y privado así como de la sociedad civil es constante, y en 2021 recaudaron fondos para la construcción de la primera etapa de su asociación ubicaba en Caucel, por lo que no se explican por qué Magaña Moguel, a sabiendas de los apoyos, declaró en ceros.

Luego de enterarse del adeudo, intentó ponerse en contacto con el contador, quien mostró evasivas tanto vía telefónica como en su despacho de la colonia México y en sus oficinas del INAIP.

A su parecer sería incongruente que después de estas irregularidades continúe al frente de la contraloría de un órgano de transparencia. 

Agregó que llegarán hasta las últimas consecuencias, pues fueron violentados sus derechos como asociación y están en riesgo de perder la donataria autorizada. En próximos días visitarán el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) para dar a conocer esta negligencia.

“La única forma que hay es que él pague los 81 mil pesos y al contador que está tratando de no perder la donataria. Si no nos resuelve, nos está matando un trabajo de 24 años”.

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