La finalidad es enriquecer el padrón que ya posee el Gobierno. Es su forma de reclutar de manera clandestina a posibles nuevos adeptos, como lo hicieron con los boletos para participar en las rifas de sus mentadas posaditas…
ESPIONAJE DISFRAZADO
Ha generado mucha inconformidad popular el mecanismo mediante el cual los directivos de la empresa Movibus, que se hará cargo del nuevo sistema de transporte denominado Co’ox, entregarán las tarjetas recargables para que los ciudadanos puedan tener acceso a las 22 unidades que entrarán en servicio a partir del próximo 1 de febrero. Por decreto, los campechanos pasaremos de la edad de la morralla a la digitalización del servicio.
Molesta a los ciudadanos que les requieran datos personales como número de teléfono celular, nombre, sexo, edad, y colonia en que vives. Sólo les faltó pedir la clave de la credencial del INE, si milita o no en algún partido político, o si respalda o no a la 4T.
Tan sencillo que es poner a la venta las tarjetas recargables, como se compran los de abono a los teléfonos celulares, sin necesidad de que los verdaderos estrategas de Movibus —que sospechamos, son los del Gobierno del Estado, pero más en especial, los de Morena— se enteren de nuestra vida personal.
Pero la finalidad, hay que insistir, es enriquecer el padrón que ya posee el propio Gobierno. Es su forma de reclutar de manera clandestina a posibles nuevos adeptos, como lo hicieron con los boletos para participar en las rifas de sus mentadas posaditas, y como lo hacen también para que los comerciantes y emprendedores puedan participar en su “Paseo de Reyes del Jaguar” que organizan por segundo año consecutivo para competir contra el que ha venido organizando el Ayuntamiento desde hace más de 30 años, mucho antes de que Movimiento Ciudadano gobernara la capital, o cuando la actual alcaldesa Biby Rabelo tenía apenas cinco años de edad.
El objetivo, pues, es eminentemente político/electorero, de la misma forma como han politizado la adquisición de las primeras 22 unidades de Co’ox. Los panegiristas del sistema y los que cobran en el Gobierno con cierto nivel salarial, se han dedicado a promover la idea de que es la nefasta gobernadora Layda Sansores la que ha modernizado el servicio, lo que es evidentemente falso.
Fueron los concesionarios del transporte los que se agruparon en una asociación y unieron fuerzas para impedir que el consorcio ADO se apodere también de las rutas en esta capital y que expanda su monopolio al transporte urbano. No lo lograron del todo, puesto que esa empresa adquirió algunas concesiones y seguramente que estará dentro del negocio a través de prestanombres. Todo lo cual saldrá a la luz más temprano que tarde.
Por lo pronto, hay que exigir que la venta de las tarjetas para el uso de las nuevas unidades se aleje de criterios proselitistas. No es necesario que el ciudadano que utiliza los camiones urbanos esté enlistado en un padrón secreto del Gobierno del Estado y de su partido, Morena. No tienen derecho a introducirse de esa manera a la intimidad de los ciudadanos.
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