C.A.G.C., exfuncionario federal acusado de atropellar y matar a dos personas, una de ellas embarazada, además de dejar con discapacidad motriz a menor de edad, no pisará la cárcel tras ser vinculado a proceso por homicidio y lesiones, ambos a título culposo, así como omisión de auxilio.
La jueza de Control lo sujetó a firmas cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umeca), el pago de 200 mil pesos como garantía y no salir del Estado sin autorización.
De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial, 199/21-2022, la juzgadora rechazó la petición del asesor de víctimas de colocarle el dispositivo electrónico de localización en tiempo real, al indicar que lo estipulado era suficiente para que no escapara.
El dinero deberá depositarlo en 30 días hábiles y es diferente a lo que pagará como reparación del daño en caso de ser culpable o en el acuerdo con los familiares de las víctimas.
El plazo para la integración de la carpeta complementaria, en la que el Ministerio Público y la defensa podrán hacerse de más datos, fue de tres meses, los cuales podrían acortarse o ampliarse en caso de que alguna de las partes promueva algún recurso de inconformidad.
El imputado compareció de nuevo ante la juzgadora en audiencia virtual. La autoridad jurisdiccional, luego de escuchar el debate de la defensa particular y el Ministerio Público, encontró suficientes pruebas para emitir la sujeción a la investigación judicial.
La estrategia es buscar la “salida alterna” al proceso judicial a través de algún acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, con las que el inculpado seguirá en libertad y en caso de concretarse será extinguida la pesquisa judicial en su contra.
El lamentable accidente ocurrió la noche del 22 de enero, en la avenida José López Portillo, a la altura de la Escuela de Gastronomía y Turismo del Instituto Campechano.
El elemento de la Guardia Nacional (GN), la embarazada y la niña, fueron arrollados cuando estaban en el paso peatonal. En el sitio murió el primero y la fémina en el sanatorio, mientras que la infante sobrevivió.
El automovilista huyó hasta su predio en Samulá, donde dejó abandonado el carro en el garaje, buscó ayuda de sus parientes, quienes lo ocultaron, incluso de los tres cateos que realizó el personal de la Fiscalía del Estado en Escárcega y en la ciudad capital.
Además, promovió el juicio de amparo a fin de evitar ser aprehendido y comparecer ante la autoridad competente, que finalmente lo vinculó a proceso en libertad.
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