Javier del Carmen Bello Ávila, presidente de la Contraloría Ciudadana del Carmen, denunció públicamente una red de corrupción que involucra a jueces, actuarios, abogados, notarios y personal del Registro Público de la Propiedad, para despojar de sus viviendas a adultos mayores, y exigió a la gobernadora Layda Sansores que intervenga.
Citó como ejemplo el caso de Joaquín Contreras Solana, conocido como “La Panterita” y de 89 años de edad, que fue violentamente desalojado en la noche, pese a tener bajo su cuidado a una joven con discapacidad. “No podemos permitir que los despojen de la noche a la mañana, tirándoles sus cosas a la calle como si no valieran nada”, recriminó.
Bello Ávila exigió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y a la gobernadora, que intervengan ante lo que calificó como “una práctica mafiosa y vieja”, donde se falsifican escrituras, se ignoran irregularidades y se utiliza a la fuerza pública para legitimar despojos ilegales.
También cuestionó el actuar del Registro Público, al permitir inscripciones con documentos visiblemente inconsistentes. “Esto es una red, no un caso aislado, y si la registradora pública no está involucrada, que actúe y ponga un alto”, sentenció.


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