La periodista Azucena Uresti señaló que en Campeche la censura dejó de ser un hecho aislado y pasó a convertirse en una forma de ejercer el poder. Afirmó que existe una secuencia documentada en la que el gobierno responde a la crítica con castigos y no con argumentos, y que desde la llegada de Layda Sansores San Román al gobierno estatal el mensaje ha sido constante: cuestionar al poder trae consecuencias graves.
Expuso que este patrón inicia con la descalificación pública de periodistas y críticos, a quienes se les acusa de corrupción o de responder a intereses oscuros, y continúa con la judicialización de la labor periodística mediante denuncias penales con fines intimidatorios. Mencionó el caso del periodista Jorge Luis González, de Tribuna Campeche, a quien un juez le prohibió hablar de la gobernadora y le impuso revisión judicial previa de contenidos, además de señalar la presión ejercida por la Fiscalía del Estado al solicitar información editorial y datos de periodistas al medio Telemar.
Uresti afirmó que la censura también alcanzó a otros sectores, como policías que fueron amedrentados tras manifestarse por condiciones laborales, diputados locales que han denunciado presiones y temor a represalias políticas o judiciales, y la comunidad universitaria tras la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores. Señaló que cuando periodistas son silenciados, funcionarios intimidados y académicos perseguidos, el problema ya no es la crítica, sino el ejercicio de un poder sin límites en Campeche.
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