La coordinadora de la Red de Acompañantes Peninsulares, Isabel Rodríguez Casanova, destacó la urgente necesidad de fortalecer la protección de los menores a través de la Ley Sabina, que busca garantizar el acceso a los derechos de las infancias, especialmente en un contexto donde existen pensiones de hasta 100 pesos por niño.
Señaló que muchas madres enfrentan agresiones y amenazas por parte de deudores de pensiones alimenticias, hablando de deudas que se acumulan durante meses, incluso años, lo que afecta no sólo a las madres, sino a los derechos fundamentales de sus hijos e hijas. En Campeche, la colectiva Ley Sabina ha tomado medidas drásticas al publicar en redes sociales los nombres de los deudores, lo que ha resultado en represalias violentas.
Estas mujeres sólo exigen lo que les corresponde. Es inaceptable que tengan que enfrentar más violencia por reclamar sus derechos, aseveró Rodríguez Casanova.
La situación es crítica, pues hay pensiones alimenticias de 100 pesos que no cubre ni la canasta básica, afectando el bienestar económico, educativo y de salud del menor.
Además, la atención psicológica a las víctimas de violencia es insuficiente, con tiempos de espera de hasta dos meses cuando la urgencia es inmediata.
Hizo un llamado a las autoridades y al Congreso a que legislen y homologuen las leyes ya aprobadas a nivel federal, evitando la criminalización y violencia hacia mujeres e infancias.
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