Pese a que en los tres años que suma la nefasta administración de la corrupta e inhumana gobernadora, Layda Elena Sansores San Román, su amada secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la inepta y criminal Marcela Muñoz Martínez, ha manejado recursos del orden de los cinco mil 653 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado de Campeche no se ha atrevido a fiscalizarla, ni a tocarla con el pétalo de una recomendación y ni soñar con un fincamiento de responsabilidades.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto de Egresos para el Estado de Campeche, en el Ejercicio Fiscal 2022 el Congreso le autorizó al rubro de “Paz y Seguridad Ciudadana”, bajo la responsabilidad de la negligente guanajuatense, la suma de mil 754 millones 467 mil 273 pesos. Para el año siguiente (2023) la cifra llegó a mil 911 millones 845 mil pesos y para el actual ejercicio (2024), le otorgaron mil 986 millones 450 mil 736 pesos. Es decir, en tres años han pasado por sus manos cinco mil 652 millones 763 mil pesos.
Es cierto que el rubro de “Paz y Seguridad Ciudadana” incluye también al área de la Fiscalía General del Estado, por lo que técnicamente se puede afirmar que la insensible Marcela Muñoz no ha manejado sola los referidos cinco mil 653 millones, pero sí es posible sostener que la mayoría de esos recursos tuvieron que haber recibido su visto bueno para que pudieran circular. Y usted sabe que eso incluye su correspondiente moche.
Siendo más precisos, hay que señalar que en 2022 el Congreso otorgó a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana un presupuesto de 615 millones 294 mil 218 pesos. En el Anexo 9 de ese Presupuesto de Egresos, se señala que a “Policía” le correspondieron ese año 650 millones 445 mil 976 pesos, más la aportación del Sistema Nacional de Seguridad Pública por 159 millones 543 mil 285 pesos, nos lleva a totalizar que la funcionaria consentida de la gobernadora Sansores manejó ella sola 809 millones 989 mil 261.
Para el año 2023, a la SPSC le asignaron un presupuesto total de 626 millones 933 mil 457 pesos, pero en el Anexo 9 se anota que sumaron unos pesos más para llegar a 654 millones 086 mil 419 pesos, y si le sumamos los 120 millones para “reclusorios y readaptación social”, más 196 millones 132 mil 775 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, más 83 millones 766 mil 556 pesos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces el monto de ese año ascendió a mil 54 millones de pesos.
Pues bien, para 2024, los borregos diputaditos autorizaron a la SPSC 669 millones 806 mil 713 mil pesos, pero en el Anexo 9 le sumaron unos milloncitos para totalizar 733 millones 488 mil 678 mil pesos, más los 215 millones 746 mil 053 pesos del Fondo Nacional de Seguridad Pública y 63 millones de pesos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que el dineral para Marcela sumó más de mil 12 millones de pesos.
Con base en estas tres cifras, tenemos que el monto total que ha manejado directamente la corrupta Muñoz Martínez es de al menos dos mil 876 millones de pesos, cifra que, evidentemente no se refleja en las condiciones en que se encuentra tanto la sede principal de la SPSC, como los destacamentos foráneos, patrullas, motocicletas, camionetas, armamentos, uniformes y demás equipos y herramientas necesarios para que los elementos presten buen servicio.
Tampoco se reflejan en sus resultados, pues la inseguridad crece conforme transcurre este nefasto sexenio. ¿Dónde fue a parar ese dineral? Nadie sabe. La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) no se ha atrevido a investigar a la guanajuatense por órdenes directas de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román. ¿Pues no que se trata de un órgano autónomo?
La Asecam y los diputados que avalan y aplauden esas cuentas públicas se han convertido en sirvientes dóciles de la gobernadora Sansores, en encubridores del desfalco que se ha estado cometiendo desde hace tres años en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, cuya corrupta titular no da cuenta de los miles de millones de pesos que le han asignado.
Es más, la Asecam tampoco ha fiscalizado los más de seis mil millones de pesos asignados a la “Oficina de la Gobernadora”, ni los miles de millones de pesos que maneja discrecionalmente la Secretaría de Gobierno.
¿Cambiará esa postura ahora que la Asecam pasó a las manos de Guadalupe Cárdenas Guerrero, la exsubsecretaria de Finanzas en tiempos de Alito y titular de Finanzas con Carlos Miguel Aysa González?
De no ser así, podremos afirmar que estamos ante un Gobierno corrupto, una administración opaca y gris que ha recibido los presupuestos más elevados en toda la historia de la entidad (más de 75 mil millones de pesos en tres años), pero que no se ven invertidos por ninguna parte.
Se sospecha que están escondidos en algunas cuentas secretas en las Islas Caimán, en Panamá y en algún otro paraíso fiscal extranjero a los que es muy afecta la corrupta gobernadora Layda Sansores en sus periodos vacacionales.
Debe ser complicado acusar corrupción a quien es la ladrona más corrupta y saqueadora que ha gobernado Campeche. Pero aún así, Layda intentó desviar la atención exigiendo que se investigue el enriquecimiento de Alejandro Moreno. ¿Y el suyo para cuándo?
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