El Hotel Mundo Maya Edzná se ha convertido en el epicentro de una denuncia laboral que exhibe la corrupción y el abuso de poder en Campeche. Los testimonios de trabajadores despedidos revelan que el contador Erick Zuluaga encabeza un esquema de nepotismo, acoso y prácticas ilegales, protegido por una red de empleados privilegiados que permanecen en la nómina mientras se sacrifican a quienes no forman parte de su círculo.
El recorte de 50 trabajadores no fue un proceso transparente ni justo. Se despidió a empleados con hasta dos años de antigüedad, obligándolos a firmar renuncias bajo amenaza de ser vetados en instituciones federales. En un caso extremo, personal de Recursos Humanos persiguió a un trabajador hasta hacerlo firmar contra su voluntad. Estas prácticas no solo son inmorales: son ilegales y violan la Ley Federal del Trabajo, que garantiza liquidaciones conforme a la ley y prohíbe la coacción en despidos.
LOS PROTEGIDOS DEL PODER.
Los testimonios apuntan directamente a la Ing. Evelin García y a Lollibeth Gallegos Piña, señaladas por acoso y robo de pertenencias de huéspedes, pero mantenidas en sus puestos gracias a su cercanía con Zuluaga. El mensaje es claro: quienes sirven a la administración son intocables, mientras los demás son desechables.
El caso del Hotel Edzná es un retrato de cómo la corrupción laboral se normaliza en Campeche. El contador Erick Zuluaga aparece como el eje de un sistema que premia la lealtad servil y castiga la honestidad. La desaparición de 50 empleos no puede reducirse a una cifra administrativa: son 50 familias afectadas, 50 historias de abuso y 50 derechos vulnerados.
La narrativa oficial de “recorte necesario” se derrumba frente a la realidad: lo que se practica es nepotismo descarado y acoso institucionalizado. El Hotel Edzná se ha convertido en un símbolo de impunidad laboral, donde la ética y la justicia fueron sustituidas por el favoritismo y la amenaza.
La Ley Federal del Trabajo establece que los despidos deben ser justificados y que los trabajadores tienen derecho a ser liquidados conforme a la ley. Obligar a firmar renuncias bajo coacción constituye una violación directa a los derechos laborales y puede ser sancionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Principales señalamientos de los trabajadores
Nepotismo y favoritismo: empleados cercanos a la administración fueron protegidos, mientras se despidió a trabajadores con hasta dos años de antigüedad.
Acoso laboral: se reporta trato denigrante hacia compañeras, con insultos y hostigamiento constante.
Robo y encubrimiento: se acusa a personal de apropiarse de pertenencias olvidadas por huéspedes, sin sanción alguna.
Coacción en despidos: trabajadores fueron obligados a firmar renuncias bajo amenaza de ser vetados en instituciones federales; incluso se persiguió a un empleado hasta hacerlo firmar contra su voluntad.
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