En un reportaje de Fuerza Informativa Azteca se reveló que aduanas de México y diversas instalaciones de la Fiscalía General de la República fueron custodiadas por personal de una empresa de seguridad vinculada a una red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes. La compañía, identificada como Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SEICSA, habría operado como fachada para el presunto tráfico de armas durante el sexenio morenista pasado.
La investigación expone que el grupo utilizó al menos cinco empresas de seguridad privada para traficar armas, remarcarlas y entregarlas a cárteles como el Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, mientras SEICSA obtenía contratos públicos. Entre 2020 y 2022, la empresa recibió al menos 30 contratos de la Fiscalía General de la República por más de 300 millones de pesos para servicios de vigilancia en sedes y delegaciones de casi 20 dependencias federales, según datos del portal Compras MX y la Plataforma Nacional de Transparencia.
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