Plantón de familiares de los presos; denuncian anomalías

Al grito de “justicia”, familiares de las personas privadas de su libertad que acusan por al menos dos delitos al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen, Darguin Santiago Nah Echeverría, se plantaron con pancartas en mano a las puertas del Cereso y la Sala de Juicios Orales, para exigir que el funcionario sea suspendido en el cargo.

Y recalcaron: “Exigimos justicia para nuestros familiares, quienes no pueden manifestarse y hacerse escuchar porque en el Cereso violan sus derechos y son golpeados por el director y custodios. Además, hay evidencias de estas atrocidades”.

Expusieron que existen más de 10 denuncias de carácter penal y ante la Fiscalía de Anticorrupción, interpuestas por dos hombres y mujeres privadas de su libertad ante las anomalías que se cometen en contra de sus derechos y garantías individuales.

“No sabemos de qué garantías goza Nah Echeverría, pues no lo han podido destituir aun cuando está sujeto a proceso de investigación por presuntos delitos cometidos en el desempeño de su encargo. No lo cesan de responsabilidad”.

“¿Cómo es posible que una granada de fragmentación ingrese al penal, pese a las medidas de seguridad que se tienen? Eso sólo es posible con la complacencia del director, que mantiene el control del centro penitenciario”, expresaron.

Le pedimos a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, a quien ya hemos hecho de su conocimiento de todas las arbitrariedades y actos de corrupción que prevalecen en el penal Carmen, que lo destituya, porque una persona así no puede seguir como funcionario, señalaron.

Recordaron que Nah Echeverría es un funcionario de la administración estatal anterior, por lo cual es necesario que “los corruptos de la mafia del poder que aún desempeñan cargos públicos, sean destituidos”.

Pedimos a la jueza de Control —Fabiola del Carmen Guerra— que se encuentra conociendo de este caso, aplicar con todo rigor la legislación vigente y sancione a los responsables de golpes y lesiones en contra de los afectados.

Cabe destacar que mientras los familiares de las supuestas víctimas se manifestaban, en reiteradas ocasiones elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) transitaron cerca de ellos para tomarles fotografías, por lo cual los inconformes manifestaron su temor a represalias.