Repudian los colonos la represión de Layda

Las 87 familias que se quedaron sin hogar protestaron en Palacio de Gobierno

Sin un techo donde dormir y con la rabia por haber votado por Morena, habitantes del predio San Eduardo, ubicado en las inmediaciones de lo que será la estación del Tren Maya, que fueron desalojados con violencia por la Administración de Layda Elena Sansores San Román, protestaron ayer en el Palacio de Gobierno para exigir justicia.

Niños, mujeres, hombres y adultos mayores de 87 familias que perdieron su patrimonio tras el violento desalojo ejecutado por más de 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), arribaron al Palacio con cartulinas y pancartas en mano que decían:

“Hemos tenido la posesión desde hace más de siete años de forma legal y pacífica, ahora por capricho de la construcción de un corralón de la policía nos fabrican una carpeta de despojo”; “Localidad de San Eduardo somos gente pacífica que le pedimos a la gobernadora que nos regresen nuestras viviendas”; “Se autorizan 100 elementos, dice el Gobierno no somos nosotros, sólo es Fiscalía”, entre otros carteles.

Denunciaron que el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román no sólo les arrebató sus hogares, los dejó en la calle y les quitó el patrimonio de sus hijos, sino que además los han acosado y amenazado después de que la fuerza pública irrumpió brutalmente. Incluso a las personas mayores de edad las hostigan con que las llevarán al asilo de ancianos.

Los afectados lamentaron que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Renato Sales Heredia, se preste a los atropellos y la corrupción, pues se niegan a reconocer las cartas de asignación otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal, que los hace posesionarios de esos terrenos supuestamente nacionales, aunque al parecer se trata de intereses de la familia Castilla.

Las mujeres y los niños esperaron en los pasillos del Gobierno. Sus rostros expresaban zozobra, incertidumbre, impotencia, tristeza y preocupación, pues no tienen donde vivir. Ni la calle les pertenece. Desde hace siete años que se establecieron en ese terreno de 59 hectáreas, cerca de donde construyen la estación del Tren Maya.

“Queremos una audiencia con la gobernadora Layda Sansores o el secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, para que nos expliquen quién ordenó y por qué nos desalojaron, cuando tenemos los papeles de regularización expedidos por el Gobierno Federal. Desde hace siete años que tenemos la posesión y se han estado trabajando las tierras, cuando ahora apareció un supuesto dueño”, dijeron.

Solicitaron al Gobierno del Estado una mesa de diálogo para regresar a sus hogares donde se quedaron sus animales de traspatio, cosas personales y diversos artículos, porque no les dio tiempo para sacar nada, y lamentaron el rostro de represión del Gobierno de Layda Sansores.

Durante su campaña en busca de la gubernatura prometió que “primero los pobres y para los pobres lo mejor”, y sin embargo ya en el poder sólo se ha dedicado a afectar a quienes menos tienen, como son las 87 familias que ahora carecen de un sitio donde dormir, y que deben pasar el sol y la lluvia a la intemperie, debido a la insensibilidad de la gobernadora.