Campeche camina a pasos agigantados para convertirse, antes de que termine esta Administración Estatal, en un Estado de agachados y sumisos, o de reos, a quienes de manera rimbombante hoy se les denomina “personas privadas de su libertad”.
Si usted, amable y paciente lector, es de los que acostumbra hacer señalamientos críticos en sus redes sociales —Facebook, “X”, Instagram o alguna otra— entérese de una vez por todas que está siendo fichado, y que a la primera oportunidad que tengan, los del “Gobierno” se la van a cobrar.
Si es periodista independiente, líder opositor, representante de alguna agrupación social con criterio propio, legislador local o federal no-morenista, regidor de un partido diferente al guinda o simplemente un ciudadano que acostumbra expresar públicamente su oposición al régimen también debe andar con mucho cuidado.
Y es que en la Administración que encabeza la señora Sansores no hay cabida para la disidencia. O aceptas la cooptación a cambio de unos cuantos pesos, seguramente podrás caminar tranquilamente por las calles. Recuérdese que hay varios alcaldes y diputados locales exopositores, que aceptaron los cañonazos de varios millones de pesos para cambiar de camiseta.
En cambio, hay personajes morenistas que no han cambiado de camiseta, pero que han adoptado posturas críticas ante la gobernadora, a quienes se promueve que sean expulsados de ese partido, o en contra de quienes se han iniciado procedimientos penales. Uno de ellos, tal vez el más visible, es el diputado federal José Luis Flores Pacheco.
A otros personajes políticos les han inventado expedientes y también están a punto de ser encarcelados. Cítese los casos de Alejandro Moreno, Eliseo Fernández, Paul Arce Ontiveros, Biby Rabelo de la Torre, Ricardo Medina Farfán, y varios más.
La lista de periodistas críticos, en similares procesos judiciales es más larga aún. Hay por lo menos 50 comunicadores con la espada de Damocles ondeando encima de sus cabezas.
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