MAGISTRADOS PARECEN SIRVIENTES DE SANSORES.
Serviles y temerosos de ser despedidos, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no tuvieron más alternativa que confirmar la aberrante decisión de la jueza de Control, Lupe Martínez Taboada, de no admitir como testigos a Layda Sansores ni a su empleado Juan Pedro Alcudia Vázquez, dentro del proceso penal que se sigue contra TRIBUNA. Y si no aceptan pruebas, ¿cómo se defiende el acusado?
En su denuncia, Layda Sansores aseguró que las publicaciones de TRIBUNA le habían causado daño psicológico, pero en una emisión del Martes del Jaguar, con Alcudia Vázquez junto a ella, afirmó que las publicaciones le eran indiferentes. Entonces, ¿le hicieron daño? ¿Cómo saberlo si los jueces —que se presumen magistrados, pero en realidad no pasan de sirvientes— no permiten comparecer a la autoritaria mandataria a aclararlo?
El caso de Pedro Alcudia es más aberrante, pues como apoderado de Sansores y consejero jurídico del gobierno promovió los litigios contra TRIBUNA y ahora como presidente del Tribunal Superior de Justicia incurre en un claro conflicto de interés. Negar su comparecencia en el juicio le amarra las manos al acusado, lo deja en estado de indefensión y lo obliga a recurrir al amparo. Con estos agravantes, ¿hay justicia en Campeche? Mientras presida el TSJ Pedro Alcudia, es evidente que no.
OBRA TEATRAL DE MAGISTRADOS CON GUION PREVIO.
La aburrida y manipulada audiencia legal contra TRIBUNA se prolongó más de 2 horas. Los magistrados José Enrique Adam Richaud, Concepción del Carmen Canto Santos y Virna Caballero Escalante simularon nerviosos que “analizaron” los recursos promovidos por la defensa de los imputados para después confirmar la aberrante determinación de la jueza de Control, Lupe Martínez Taboada. Fue un teatro actuado de principio a fin, con guion escrito de por medio.
No demoraron en coincidir en considerar improcedente la comparecencia de Layda Sansores y de su escudero impuesto como “Magistrado” y Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia Vázquez, dejando sin defensa a TRIBUNA, que ahora tendrá que solicitar un amparo.
El procedimiento judicial derivado de denuncias relacionadas con presuntos actos de violencia política en razón de género e incitación al odio quedó viciado. Existen elementos suficientes para obligar la comparecencia de ambas personas dentro del proceso, pues la denuncia fue presentada por Sansores a título personal, no en su calidad de gobernadora del Estado. Su ausencia pone en duda la naturaleza jurídica de la querella por los límites que habría entre su esfera personal y el ejercicio de su función pública. Eso que era tan evidente, ¿no lo consideraron los serviles magistrados? ¿Tanto miedo tienen de ser despedidos?
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