Los diputados oficialistas le otorgaron a Marcela Muñoz otra muleta para apoyarse, una excusa más para justificar su evidente e indignante incapacidad, ineficiencia y negligencia…
Recurriendo a la jerga boxística, podemos afirmar con certeza que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez “tiró la toalla”. Es decir, se rindió, sucumbió ante los embates de la delincuencia y endosó a los alcaldes y presidentas municipales su corresponsabilidad para combatir a ese mal social.
En otras palabras, con la reforma aprobada por los diputados oficialistas del Congreso del Estado para que los alcaldes y presidentas se sumen al trabajo por la seguridad pública, le otorgaron a la guanajuatense otra muleta para apoyarse, una excusa más para justificar su evidente e indignante incapacidad, ineficiencia y negligencia.
No importa que la inepta titular de la SPSC maneje abultados recursos para dar resultados. Según algunos análisis, surgidos del propio partido oficial, la inepta Muñoz Martínez ha dispuesto de más de 8 mil millones de pesos para esas tareas, lo que suma el presupuesto de al menos ocho municipios campechanos, quienes ahora tendrán que sacar de la manda dinero adicional para rehabilitar, por ejemplo, los módulos policiacos.
¿Por qué no llamaron los diputados morenistas, petistas y verde ecologistas a la ineficiente secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana para que rinda cuentas sobre los miles de millones de pesos que ha manejado? ¿Porqué en cambio optaron por lesionar la economía de los ayuntamientos para apuntalar a una funcionaria inepta, pero corrupta?
Es cierto, todos debemos colaborar en el tema de la seguridad. Así se hacía hasta antes de la llegada de la decepcionante 4T campechana. Los ciudadanos reportaban movimientos, vehículos, casas y personajes sospechosos, y durante varios cateos desmantelaron células del crimen organizado.
En cambio, Muñoz Martínez prefirió desmantelar a su propia policía, despidiendo a por lo menos 300 buenos elementos, con experiencia en ese tipo de tareas, quienes cometieron el error de saber más que su jefa, y la denunciaron por negligencia. La inepta guanajuatense también eliminó las casetas de vigilancia, los módulos en las colonias y los retenes en las zonas fronterizas o en los focos rojos donde hay más hechos delictivos. Resultado: aumentó la incidencia delictiva.
No, no va mejorar la seguridad con esa ocurrencia legislativa que involucra a los alcaldes. Pero les va dar más argumentos para seguir politizando el tema y para culpar a los alcaldes no morenistas de ser corresponsables no de combatir a la delincuencia, sino de incrementarlo. De paso le pusieron al edil del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus otro “estate quieto”, ya que su Municipio es uno de los principales, o incluso el peor “foco rojo” en la materia.


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