El contraste es claro, evidente y opuesto, pues por una parte el Gobierno Estatal de Campeche hace alharaca con un desarrollo económico que no se palpa en el bolsillo de miles de ciudadanos y hace negocio al comprar a 207 cada placa de auto y a 90 la de moto para venderla a propietarios de vehículos en mil 400 y 466 (de acuerdo con el informe 2023 de Finanzas), lo que representa un calvario económico para cumplir con esa obligación fiscal, y por otra en Yucatán sus autoridades muestran solidaridad con su padrón al establecer exenciones parciales y totales en el pago de licencias y permisos para conducir, con vigencia de dos años.
Sí, es una realidad que lastima la economía familiar de miles de familias campechanas, y también genera inconformidad ante la postura triunfalista oficial, lo que se puede palpar y escuchar en las largas filas que se forman para pagar refrendo y placas.
En contraparte, el Decreto 143/2025 publicado por el Gobierno de Yucatán establece las exenciones parciales y totales en el pago de licencias y permisos para conducir: 50 por ciento de descuento para trabajadores activos, jubilados y pensionados con ingresos de hasta 4.5 salarios mínimos, y exención total para amas de casa sin ingreso fijo, estudiantes becados y desempleados que requieran licencia para incorporarse a un empleo.
En un panorama generalizado, en Campeche el ciudadano paga y espera más, mientras en Yucatán su ciudadanía recibe un respiro económico, con reglas claras y requisitos definidos para acceder al beneficio. El Gobierno campechano no tiene contemplación en tiempos económicos difíciles, mientras el yucateco muestra empatía social.
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