Al recalcar que los hechos revelan una preocupante falta de preparación, capacitación y protocolos en las corporaciones de seguridad pública, el abogado Cristian Romero Ramírez afirmó que disculpa aislada de la policía no basta para resarcir el daño jurídico ocasionado a la vendedora de flanes detenida y esposada “por confusión”, porque en un Estado de Derecho, la libertad de las personas no puede quedar sujeta a errores evitables.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el litigante aseveró: “Cuando el Estado afecta indebidamente los derechos de una persona, hay la obligación de investigar lo ocurrido, determinar responsabilidades y garantizar una reparación integral, porque la identificación de una persona antes de una detención constituye una obligación básica de cualquier autoridad”.
Si los hechos ocurrieron como han sido difundidos, no estamos únicamente frente a un error operativo, sino ante una posible vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.
Y remató: “Sin preparación adecuada, cualquier ciudadano puede convertirse en víctima de una confusión”.
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