PRESUPUESTO FEDERAL 2026 NO GARANTIZA PROTECCIÓN NI ACCESO A SERVICIOS DE SALUD A LA MUJER

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, hizo un llamado a que el presupuesto 2026 garantice una verdadera perspectiva de género y atienda de forma prioritaria los temas de salud y protección de las mujeres, y advirtió que el proyecto federal representa un retroceso en ambos rubros, pues aunque presume que es histórico, en realidad es regresivo para las mujeres.

Celebró que, más allá de las diferencias partidistas, el Congreso local ha mostrado sensibilidad en temas de salud. En ese sentido, anunció su suscripción a la iniciativa de la diputada Gladys (Rivera) para adquirir un equipo PET-CT, herramienta clave para la detección oportuna del cáncer en el Estado. Además, insistió en la necesidad de retomar la campaña de mastografías gratuitas, dirigida a mujeres que no cuentan con recursos para estudios preventivos.

Sin embargo, la legisladora advirtió que, mientras el Gobierno Federal presume un “presupuesto histórico”, en realidad es regresivo para las mujeres.

Señaló que el programa U012, que destinaba recursos a los refugios para mujeres víctimas de violencia, fue eliminado y sus fondos ahora están dispersos “sin nombre, sin claridad y sin garantía” dentro de un rubro general.

“Un presupuesto sin nombre es un retroceso”, citó Rabelo, retomando las palabras de Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que entre enero y septiembre de 2025 atendió a 9 mil 864 mujeres, niñas y niños que huyeron de la violencia..

La diputada cuestionó qué mensaje envía el Gobierno Federal a los Estados al no asignar partidas claras para estos espacios de protección, y alertó sobre el aumento de 31.6 por ciento en las lesiones dolosas contra mujeres en los últimos seis años.

Delma Rabelo también criticó que el programa de salud materna, sexual y reproductiva apenas haya crecido 0.3 por ciento respecto al año anterior, manteniéndose aún 15 por ciento por debajo de lo asignado en 2019. “Es incongruente que un Gobierno que promovió el aborto seguro ahora recorte recursos en un tema que podría salvar vidas”, subrayó.

Además, el llamado anexo transversal de cuidados, con 466 mil millones de pesos equivalentes al 1.2 por ciento del PIB, no representa nuevos recursos, sino una reclasificación contable que concentra el 68 por ciento del gasto en pensiones y guarderías. “Es contabilidad disfrazada de justicia”, aseveró la legisladora priísta.