Fiscal no informa sobre la compra de equipo para espiar

El fiscal general del Estado de Campeche (Fgecam), Renato Sales Heredia, se ha rehusado terminantemente a informar acerca de la adquisición de dispositivos y equipo de espionaje y el acatamiento al resolutivo del Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán por el embargo al predio del exedil Eliseo Fernández Montúfar.

Caso contrario ocurrió cuando desde el Congreso del Estado de Campeche los diputados priístas señalaron a Sales Heredia de violentar el Reglamento Interno de la Fgecam, al designar al hijo de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, Arturo Bravo Muñoz, como encargado de la Vicefiscalía General de Asuntos Internos. En ese entonces no demoró en convocar a una conferencia de prensa para “aclarar” la situación.

La preferencia hacia el hijo de la guanajuatense Muñoz Martínez es tal, que Bravo Muñoz cuenta en el Centro Histórico con oficina en un edificio, mientras que el vicefiscal general de Fiscalías, Jackson Villacís Rosado, y la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto, permanecen en las mismas instalaciones de la Fgecam, en estrechas e incómodas oficinas.

A finales de agosto del presente año empezó a ser difundido en redes sociales el contrato para la adquisición de supuestos dispositivos de espionaje, de los que Sales Heredia ha guardado silencio desde entonces.

Nada informa sobre qué tipo de equipo y/o tecnología fue la que solicitó adquirir a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) a la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V. por un monto de tres millones 80 mil 400 pesos con un centavo. Esto de acuerdo al contrato 139/2021 y al oficio con número FGE/CAF/16/18.1/1306/2021 con fecha del 11 de noviembre del 2021. Éste último Lo firmó Sales Heredia.

Tampoco ha fijado postura de su actuación arbitraria, al ordenar el uso de la fuerza pública para resguardar el predio del exedil prófugo de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, a quien el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán le emitió un embargo ante un proceso mercantil particular.

El proceso aún no ha concluido, por lo que ningún actuario ha llevado a cabo esa diligencia. Pese a ello, un abogado que se identificó como “depositario judicial”, Rafael Ortiz Ley, el jueves 25 de agosto colocó lonas con la leyenda “embargo” al predio de Eliseo, donde el DIF Municipal de Campeche operaba una farmacia y centro de salud.

Ortiz Ley pidió la detención del gerente de la farmacia, cuando este —el viernes 26 de agosto— retiró la cadena y las cédulas que pegó el litigante particular, para ingresar y dar servicio a la ciudadanía. Por si fuera poco, Ortiz Ley solicitó también la intervención de la Policía Estatal (PE) y de agentes ministeriales para resguardar la casa, lo cual fue atendido de inmediato por Sales Heredia y Muñoz Martínez.

El miércoles 31 de agosto el Juzgado Quinto de Distrito emitió otro resolutivo, en el que aclaró que no se ha hecho entrega física del predio al depositario judicial, debido a que había incumplido ciertos requisitos, y además lo emplazó e incluso advirtió de sanciones en caso de no solventarlos.