Lía Limón denuncia a Layda Sansores por daño patrimonial de 120 mdp

LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTÓ SIETE DENUNCIAS CONTRA LAYDA SANSORES

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, presentó siete denuncias contra Layda Sansores, antecesora en el cargo y actual gobernadora de Campeche, por actos de corrupción cometidos durante su administración en la demarcación en las que señaló la red de complicidades que había en la alcaldía para desviar recursos y cometer enriquecimiento ilícito, entre otras conductas,

Entre los señalados está la ex directora de finanzas de la demarcación, Aurora Yolanda Martínez Hernández y Walter David Patrón Bacab, actual vocero del gobierno de Campeche.

En conferencia de prensa antes de ingresar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar sus denuncias, Lía Limón detalló que las irregularidades cometidas por la administración de Sansores entre 2018 y 2021 suman un monto total de casi 120 millones de pesos.

“Todo este dinero era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía, más considerando que eran tiempos de pandemia”, dijo.

“Es lamentable que se haya hecho un mal uso de recursos públicos principalmente de recursos públicos de programas sociales y de recursos públicos que estaban destinados a los más vulnerables y a los más afectados por la pandemia”.

Añadió que antes de estas siete denuncias, su administración presentó otras cuatro ante la FGJXDMX por otros temas y la Contraloría del gobierno capitalino también cuenta con evidencias de las irregularidades, pero que en ninguna de las dos instancias ha habido avance alguno.

“Lamentablemente la contraloría en lugar de investigar nos ha girado oficios preguntando cómo vamos nosotros en nuestras investigaciones, cuando a quienes les corresponde investigar es a ellos”, dijo.

“Hay encubrimiento, persiguen a la oposición, no la corrupción (…) 150 actas presentadas ante la contraloría no son pocas, sin embargo, hay un encubrimiento total y absoluto por la mancuerna que tiene la propia Claudia (Sheinbaum) con Layda Sansores”.

Aunque dijo que no confía en la Fiscalía capitalina, señaló que seguirá presentando más denuncias en caso de hallar otras irregularidades.

“No hay confianza en la Fiscalía porque lo único que ha demostrado la fiscal (Ernestina Godoy) es que es una fiscal carnal, lo único que ha demostrado la fiscal es esto, que persigue a la oposición pero no la corrupción, eso lo ha demostrado día tras día, no es la primera denuncia que hemos presentado aquí”, señaló.

“No hay confianza, pero sí tenemos el deber de hacer estas denuncias y seguiremos presentando conforme vayamos teniendo resultados de irregularidades”.

LAS INCONSISTENCIAS.

En sus denuncias, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que su administración detectó el uso de tres programas sociales de la demarcación en los que se ocasionaron daños por 70.8 millones de pesos.

Se trata de Mercomuna; el programa promoción de autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria y el Programa de Promotores de Desarrollo Social.

Mercromuna fue creado en 2020 para apoyar a la economía de familias vulnerables y comercios locales afectados por la pandemia del COVID-19.

“Funcionaba en dos vías, se daban vales por única ocasión a personas vulnerables que podían canjear en comercios locales”, explicó Limón.

Este programa contó con un presupuesto de 31 mdp y, según las reglas de operación las familias debían recibir vales por montos de entre 500 y 1050 pesos intercambiables por productos en los comercios participantes mismos que, a su vez, cobrarían los vales en la alcaldía.

Sin embargo, Lía Limón detalló que no existe evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley.

“Se encontró en este padrón que personas fallecidas recibieron vales así como funcionarios de la alcaldía”, enunció.

Añadió que no existe un padrón de los comercios beneficiados y que, pese a que en las reglas de operación se estableció que las familias beneficiarias sólo podían recibir vales una única ocasión, hubo quienes los recibieron en dos o tres veces.

“Hay firmas de servidores públicos como titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales y al finalizar el programa la Alcaldía debió dejar evidencia de la entrega de los 31.2 mdp a todos los beneficiarios y a los comercios y esta evidencia no existe”, enfatizó.

“Lo más delicado es que la entonces directora de finanzas Aurora Yolanda Martínez Hernández, hizo cheques a su propio nombre por 31.2 mdp que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos de la Alcaldía. El dinero quedó ahí, el dinero no llegó a los más necesitados”.

Programa promoción de autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria tenía por objeto la realización de cursos, talleres, bailoterapias, ejercicio físico y mental a adultos mayores y población prioritaria.

Tuvo un presupuesto de 12 mdp pero, explicó la alcaldesa, no hay evidencia de que se hayan realizado los 240 mil servicios programados para los tres años de gestión de Layda Sansores.

“Especialmente cuando en 2020 y 2021 estábamos en pandemia y todos los espacios, empezando por las casas de adultos mayores estaban cerrados. Por lo que el pago a promotores de autocuidado no tiene ninguna lógica cuando no había dónde ejecutar ese tipo de actividades” agregó.

Promotores de Desarrollo Social, tenía por objeto atender a la población de zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social y tuvo un presupuesto de 27.6 mdp en los tres años.

En sus denuncias, Lía Limón afirmó que no se cuenta con evidencia de haber alcanzado la meta de usuarios beneficiarios finales del programa, 70 mil 500 en 2019; 190 mil en 2020 y 190 mil en 2021 y que los padrones de promotores y facilitadores tienen muchas irregularidades.

“No se encontraron todas las pólizas y comprobantes de pago; se detectaron cheques cobrados donde el RFC del beneficiario corresponde a servidores públicos de la alcaldía y las pólizas de cheques están incompletas.

“En 2019 la promoción del auto cuidado se publica en gaceta del 5 de diciembre 2019, se autoriza internamente el 12 pero se paga a los beneficiarios por los servicios prestados en noviembre y diciembre, es decir, antes de que el programa estuviera debidamente autorizado”, dijo.

Asimismo, fueron denunciadas irregularidades en tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 mdp.

Uno de esos contratos fue firmado en 2929 con Walter David Patrón Bacab, vocero del gobierno de Campeche por un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales.

“El monto fue por casi 3.4 mdp, pero hay evidencia del servicio brindado, no hay entregables según se especificó en el contrato, se presume que fue un contrato simulado”, afirmó.

En la compra de 5 mil 658 calentadores solares para 81 colonias, por 31.2 mdp y de mil 78 calentadores de paso para 14 colonias, por 5.4 mdp, no hay manera de comprobar que estos fueron recibidos en almacén porque las facturas no tienen las especificaciones necesarias.

“La entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales sino a coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza del destino final de los calentadores.

“No hay evidencia de la entrega de 765 calentadores solares 181 calentadores de paso”, enumeró la funcionaria.

También denunció la firma de un convenio con una asociación civil por 8.2 mdp para la ejecución de un proyecto llamado “Alcaldía Inteligente” para instalar puntos de wifi en edificios públicos de la alcaldía y sobre todo digitalizar las bibliotecas y al final donar los equipos y el software a la alcaldía.

La alcaldesa afirmó que las bibliotecas públicas de la Álvaro Obregón siguen como estaban antes y que no hay evidencia de las zonas de WiFi instaladas, ni se formalizó convenio de donación para la entrega de equipo y software.

“El gasto de 8.2 mdp no está justificado”, concluyó.

Fuente: Proceso