El gobierno de Layda Sansores en Campeche ha mostrado una alarmante intolerancia hacia el periodismo crítico, utilizando demandas legales para silenciar a periodistas que investigan y denuncian actos de corrupción dentro de su administración. Ejemplos como las demandas contra el titular de la Barra Noticias y el exdirector de *Tribuna de Campeche* evidencian cómo se emplea el aparato estatal para intimidar a quienes ejercen su derecho a informar, cuestionando la ética y los principios democráticos que deberían guiar a cualquier gobierno.
El fiscal interino Jackson Villacís, acompañado por Arturo Bravo Muñoz, vicefiscal e hijo de la intocable secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, ha presumido en redes sociales su participación en eventos nacionales dedicados a la protección de derechos humanos y la seguridad de los periodistas. Sin embargo, este despliegue público parece más una táctica de relaciones públicas que un compromiso real, dado que en Campeche se sigue hostigando a la prensa crítica. La presencia de Bravo Muñoz, cuyo parentesco con Marcela Muñoz, conocida por violar los derechos de periodistas y policías, agrega hipocresía a este supuesto esfuerzo por proteger derechos humanos. La contradicción entre el discurso oficial y las acciones del gobierno de Sansores amenaza los valores democráticos y la libertad de expresión en Campeche.
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