La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que en México la certeza jurídica es fundamental para la confianza, la inversión y el desarrollo, y que permitir restricciones a recursos sin controles judiciales previos genera incertidumbre económica y contraviene el artículo 14 constitucional y diversos tratados internacionales. En ese sentido, señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el lunes 6 de abril, rompe con estos criterios al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, lo que representa un precedente delicado para el Estado de Derecho.
La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito con una votación de seis contra tres, permitiendo bloqueos cuando existan “indicios suficientes” de operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo. No obstante, el organismo alertó, a través de un comunicado, que esto vulnera la presunción de inocencia establecida en el artículo 20, apartado B, fracción I, ya que impone medidas que funcionan como sanciones sin comprobar responsabilidad, afectando directamente a personas y empresas y debilitando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, especialmente en el contexto del T-MEC y la competencia global por capital.
El impacto es particularmente grave para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial y dependen de su liquidez diaria, ya que un bloqueo puede impedir pagos de nómina, a proveedores o créditos, advirtió la Coparmex. Por ello, urgió al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a corregir los vacíos legales, definir criterios claros para los bloqueos, establecer un control judicial previo en un plazo máximo de seis horas y garantizar mecanismos que eviten el uso discrecional de estas medidas.
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