En el Centro Infantil “María Palmira” viven en hacinamiento y abusan de empleados
Diputados exigieron a la presidenta del DIF Estatal, Laura Sansores San Román, atender las carencias en el Centro de Asistencia Infantil “María Palmira”, en lugar de derrochar recursos en tratar de posicionar su imagen con gastos excesivos de “Informes” en los 13 Municipios, y que cesen las arbitrariedades contra el personal que labora en esa institución.
En la sesión ordinaria del Congreso, la diputada local por Movimiento Ciudadano (MOCI), Mónica Fernández Montúfar, condenó las condiciones deplorables en que se encuentran y sufren los niños albergados en el “María Palmira”, donde además trabajadores enfrentan atropellos, arbitrariedades, injusticias, explotación laboral e incluso despidos injustificados por exigir mejor atención a los menores.
Urgieron a la presidenta del DIF Estatal, Laura Sansores San Román, hermanita de la gobernadora y a Mario Pavón Carrasco, director general y sobrino político de Laura y Layda, a mostrar humanismo, sensibilidad y vocación de servicio ante las precarias condiciones del albergue, que es el único lugar donde se puede resguardar a los menores que se encuentran bajo la tutela del Estado.
Entre anomalías es irregularidades en el albergue infantil a cargo del DIF Estatal, destaca el hacinamiento, pues tiene capacidad instalada para 40 niños, pero atiende a 63, por lo que más de 20 permanecen en el suelo, no cuentan con atención médica profesional, tampoco reciben servicios psicológicos ni psicopedagógicos y los cuartos están sobrepoblados y sólo cuentan con un clima, mientras que en las oficinas administrativas hay dos equipos, precisó.
“Es doloroso que las personas más vulnerables no cuenten con ninguna de las atenciones requeridas desde cualquier perspectiva o norma de derechos humanos”, dijo la legisladora mocista, al denunciar los abusos físicos a que son sometidos los infantes, a quienes les aplican castigos excesivos.
Cuestionó la falta de interés de Laura Sansores, hermana de la gobernadora Layda y su sobrino político, Mario Pavón, por constatar las carencias, precariedades y necesidades en que se encuentran los menores, pues en ninguna ocasión han visitado este centro asistencial.
Es alarmante que el DIF cuente con recursos para atender las carencias del centro asistencial, pero su presidenta Laura Sansores prefiera derrochar el presupuesto con informitos en los 13 Municipios.
El gasto de operación de este organismo debe ser el 10 por ciento del presupuesto total, pero la hermana de la gobernadora Layda Sansores se echó 13 Informes, con la única razón de posicionarse en los diferentes Municipios. Es lamentable que el recurso público se esté usando para poner en juego a la presidenta del DIF Estatal y no para mejorar las condiciones de niños que de por sí no han tenido una historia fácil, expuso Fernández Montúfar.
El legislador morenista César González David salió en defensa de las hermanas Laura y Layda Sansores, al acusar a su homóloga naranja de pretender dar golpes políticos, y aseguró que los Informes de la presidenta del DIF Estatal fueron austeros. “No hubo excesivo gasto, se acercó a los Municipios”. Fernández Montufar lamentó que el Gobierno del Estado construyera un albergue para inmigrantes y dejara en el abandono a los niños campechanos.
Durante la sesión los legisladores aprobaron los dictámenes de iniciativas de Morena para adicionar la fracción XVIII del artículo 54 de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de establecer un nuevo supuesto entre las infracciones que pudieren cometer los particulares que prestan servicios educativos, y reformaron el artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado, para determinar que la atención médica de las comunidades y pueblos indígenas se procurará disponer de al menos un médico, enfermera o un traductor hablante de las lenguas indígenas que se usen en el lugar.
Pisotea Laura Sansores derechos de empleados
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Campeche, que encabeza Laura Sansores San Román, mantuvo su actitud de pisotear los derechos de 13 empleados, al despedirlos con engaños y negarse a liquidarlos conforme a derecho.
Ayer los exempleados del Centro de Asistencia Infantil “María Palmira” acudieron a la Junta Local de Conciliación para reunirse con representantes de la institución para que sean liquidados conforme a la ley y se les paguen vacaciones.
Pero los dos abogados del DIF, cuyos nombres ignoran, por instrucciones de Laura Sansores llegaron prepotentes y las acusaron de ser suplentes, por lo que no les corresponde el pago de vacaciones.
Les dijeron que por formar parte de la bolsa de trabajo no existe garantía de permanencia, y que a finales de cada año se llevan a cabo recortes, lo cual desmintieron los extrabajadores, pues al concluir 2021 y 2022 no hubo despido alguno.
Reprobaron que los representantes del DIF, bajo las instrucciones de Laura Sansores, mintieran ante la Junta Local, pues alegaron que nunca se habló de un despido sino de un recorte temporal con posible recontratación a inicios de 2024.
Los afectados señalaron que acudieron bajo engaños a tomar un curso y resultó que era para finiquitarlos por medio de tres cheques. Reiteraron que la palabra suplente sólo es un concepto. La Junta de Conciliación les asistió con la razón de que al ser trabajadores se les debe liquidar conforme a la ley, pero el DIF Estatal sólo pretende pagar aguinaldo, días trabajados de diciembre y la quincena atrasada.
El martes 5 de diciembre fuimos a un curso y ya nos esperaban para anunciarnos la liquidación, que no habría problemas, porque estaba desglosado todo, y hoy nos dicen que no era liquidación, sino simplemente que cada año se recorta personal, y como somos suplentes, la suplencia ya acabó, expuso Abril Alejandra Espinoza Moo.
Aclararon que no buscan ser recontratados, sino la liquidación completa porque desde hace casi tres años se cumplía con un horario fijo y muchas veces horas extras, y nunca hubo vacaciones, independientemente de cumplir funciones no correspondientes al contrato.
El DIF ofreció tras su despido injustificado en una primera vez liquidar con 13 mil 100 pesos aproximadamente a cada trabajador, pero según abogados de los afectados, les corresponde hasta el triple.
Coincidieron que el Centro Asistencial adoptó la modalidad de contratar temporalmente a suplentes para evadir vacaciones y otras prestaciones.
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