Se ajustan cinco días desde que los licenciados en derecho laboralistas iniciaron su protesta por la pretensión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de cerrar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 52 y trasladar los expedientes pendientes de resolución a la capital del Estado, sin que hasta el momento funcionarios de oficinas centrales definan fecha para dialogar con ellos.
Unos 80 abogados postulantes se turnan en las oficinas de la dependencia, en espera de ser notificados sobre la reunión de diálogo que solicitaron, para exponer los motivos por los cuales consideran inviable cerrar esta sede.
Roberto Kidnie Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Campeche, A. C., lamentó que funcionarios del Gobierno del Estado ya hayan buscado acercamiento con los jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), pero no con ellos pese a que iniciaron mucho antes su movimiento de protesta.
“Hemos hecho llamados a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, para que nos escuche, demuestre ese cariño que dice tenerle a Carmen, al ver las afectaciones que los trabajadores tendrán con el cierre de esta oficina, pero hasta ahora nadie se ha acercado a buscar el diálogo con nosotros”.
Adelantó que mantendrán guardias escalonadas, para estar atentos a la posibilidad de apertura al diálogo por parte de Previsión Social, pues la protesta es y será pacífica, pero con energía, para exigir ser escuchados.
De acuerdo con información recabada —continuó Kidnie Ramos—, la pretensión de la STPS es cerrar la oficina de Conciliación 52 con sede en Carmen, liquidar a los 20 empleados que tiene y trasladar a la capital los más de cinco mil expedientes en proceso.
En Campeche laboran sólo siete empleados en la resolución de unos mil expedientes, con atención de cinco a seis audiencias al día, por lo cual, de concretarse el cierre, retrasaría procesos, pues aumentará la carga de trabajo.
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