EXPEDIENTE | LAYDA: REPRESORA, CIEGA Y AMNÉSICA

No le gusta a la vengativa Layda Elena Sansores San Román que le digan que es una gobernadora represora. Y aunque pregona y grita que ella “aguanta todo” y que jamás ejercería algún acto de represión contra nadie, la realidad es que desde su toma de posesión el 15 de septiembre de 2021, ha ejercido un Gobierno de acoso, persecución, venganza y represión.

Su obsesión por ver en la cárcel a sus adversarios políticos como un claro ejercicio de venganza, lo disfraza con el discurso de “combate a la corrupción”, y la lista de sus víctimas es muy larga, empezando por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Eliseo Fernández Montúfar, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Daniel Barreda Pavón, Juan Carlos Lavalle Pinzón, Máximo Segovia Ramírez, Biby Karen Rabelo de la Torre, José Luis Flores Pacheco, Manuel Zavala Salazar, Griselda Puc Valverde, Abigaíl Chan Piña, y un largo etcétera.

La historia de Layda Sansores que aborrece las críticas y los señalamientos periodísticos, también es larga y tan vieja como ella misma. Hace muchos años, siendo senadora, insultó, agredió y abofeteó a un columnista de esta casa editorial (q.e.p.d.), porque no le agradaron algunos de sus artículos, y desde que tomó posesión como gobernadora ordenó a su vocero Walther —con h— Patrón Bacab, lacayo, sirviente y prestanombres de su sobrino Seso Loco, que demandara por daño moral a todos los periodistas críticos.

La lista es también muy larga y va desde medios de comunicación locales, páginas digitales, televisoras nacionales, periódicos de la capital del país, conductores de noticias, etcétera. El último corte sobre los “recursos legales” que mencionó su rarito “consejero jurídico” Pedrito Alcudia, era contra más de 50 personas y medios de comunicación. ¿Eso no es represión?

Con cinismo y desparpajo, la farsante Sansores San Román está utilizando las instituciones del Gobierno para perseguir, acosar, amenazar, denunciar, calumniar y demandar a sus adversarios políticos o a periodistas críticos. La Consejería Jurídica es su despacho privado para sus litigios personales. Desvía recursos públicos para pagar los onerosos salarios de esos abogaduchos arrabaleros que mantienen demandas contra varios periodistas. Y ya nos advirtieron que vienen más contra TRIBUNA.

Ha convertido a la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, en su agencia privada de investigadores contra los servidores públicos que no son de su partido o de su agrado. Les inventan expedientes, los denuncian y persiguen penalmente, y ahora amenazan con que también los van a despojar de sus propiedades o les colocan obstáculos para dedicarse al trabajo, e incluso sus odios los proyecta más allá de amigos o familiares de los personajes de sus desafectos. No tiene medición. Toda la fuerza del Estado contra sus supuestos detractores o malquerientes. Para que sepan cómo masca la iguana.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche es el despacho particular que le sirve a la anciana mandataria para documentar presuntos desvíos de los funcionarios no-morenistas. También promueven demandas penales en contubernio con las fiscalías General y la Especial de Combate a la Corrupción.

El Tribunal Superior de Justicia es la última instancia con que la anciana cierra su organización represora, para liberar las órdenes de aprehensión contra sus enemigos o pretender arrebatarles sus bienes, pero que también sirve de parapeto para rechazar todas las demandas o denuncias que vayan contra la corrupta mandataria o los funcionarios leales y serviles a su Gobierno.

Así, existe en Campeche una coalición de servidores públicos al servicio de los deseos de venganza y de las ansias represoras de la perversa gobernadora Layda Elena Sansores San Román. Y no inventamos. Son hechos de los cuales miles de campechanos son testigos.

Para muestra, un botón. Griselda Puc Valverde fue electa como alcaldesa de la Junta Municipal de Carrillo Puerto, Champotón, en los comicios de 2021. Su gran delito fue haberle exigido a la nefasta mandataria obras y servicios públicos para su pueblo, en compensación por los daños que estaba causando en esa zona el Tren Maya.

Encaró y discutió con la senecta, y ésta, en represalia, ordenó que le quemaran su casa, que el Cabildo a modo la destituyera, y que la Fiscalía ejecutara la orden de aprehensión que liberó dócilmente un juez. Acabó en la cárcel, destruyendo así la vida y la trayectoria de una política opositora.

¿Otro ejemplo? Abigaíl Chan Piña es un líder campesino de San Pablo Pixtún, Champotón, que denunció en la Contraloría por corrupción y desviar más de tres millones de pesos, al secretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón Gabriel Ochoa Peña. Documentó con videos y testimonios que dos obras que la corrupta gobernadora presentó como concluidos en sus “informes” de 2023 y 2024, en realidad eran “obras fantasmas”.

La respuesta de la vengativa y rencorosa Sansores San Román fue ordenar que lo demanden por daño moral, y una vez más, el Juzgado aceptó la querella y ejerce acoso y hostigamiento castroso contra el líder campesino. ¿Y su denuncia por corrupción? Arrumbada en el archivo muerto. Ochoa Pena no ha aclarado nada del asunto, pese a la insistencia de los reporteros. El silencio como respuesta a una denuncia ciudadana más.

Son ejemplos concretos y reales del Gobierno represor, vengativo e injusto de la corrupta Sansores San Román. Y es posible que el Alzheimer ya esté causando estragos en sus neuronas, provocándole prolongados episodios de amnesia, pero el pueblo campechano sí tiene memoria y pleno registro de todos y cada uno de los abusos que ha cometido, para cobrarle la factura en el momento oportuno. Al tiempo.