La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), que representa la rectora Sandra Laffón Leal, utiliza todo su poder legal y económico para atacar a mi familia, porque prefiere defender con su bufete jurídico al padre de mis hijas, un hombre con suficientes recursos económicos, y ensañarse con las personas de su propio género.
Denunciaron lo anterior Claudia Rosana Pérez Durán y Karimel Martínez Pérez, al señalar que dos abogadas de la Unacar las incriminan de un delito que jamás cometieron y defienden a un procesado de nombre David Martínez, quien administra un conocido hotel de la ciudad.
“La gente de la Unacar utiliza todo su poder jurídico contra mis hijas en un pleito de carácter familiar, ya que el Departamento Legal, que nos cuesta todos los carmelitas, y que está para defender a personas de escasos recursos económicos, solapa a un padre desobligado”, abundó.
Ese señor -David Martínez- es administrador de un hotel ubicado en el centro de la ciudad. Sin embargo, la Unacar y la rectora nos ataca a nosotras como mujeres, a mis hijas y a mí, dejándonos expuestas.
No entiendo por qué la Unacar utiliza todo su poder jurídico y legal en contra de mujeres de escasos recursos, cuando dice que atraviesa por una crisis económica. Pero sí tiene para cubrir el sueldo de sus abogadas, quienes defienden al que tiene posibilidades económicas.
“La Unacar olvida su deuda con los jubilados, usa toda su fuerza para defender a un padre irresponsable, quien tiene toda el dinero para contratar a muchos litigantes”, recriminó Claudia Pérez.
La máxima Casa de Estudios no defiende a todos por igual. Meses atrás, cuando una estudiante de enfermería de la institución fue abusada sexualmente por un médico del IMSS, la rectora Sandra Laffón Leal la abandonó legalmente.
“Ahora Laffón nos manda a dos de sus abogadas para acusarme de un delito y buscar que le quiten la pensión alimenticia a mis hijas. Eso no es tener conciencia y empatía con las personas de su mismo sexo”, reprochó Karimel Martínez.
Sandra Laffon parece que no es mujer porque atenta contra las personas de su mismo género. En un juicio familiar expusieron fotografías y datos -sus abogadas, Gilda Angélica García Argaez y Leydi Virginia Mayos Solís-, señalándonos como unas delincuentes.
“A diferencia de nosotras, que no tenemos denuncia en nuestra contra, ellas defienden a una persona que está vinculada a proceso con medidas en libertad y que aún tiene que firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca)”.
El bufete jurídico de la Unacar está obligado a defender a personas de escasos recursos económicos, y a quien pida que se le haga justicia. Pero el padre de mis hijas tiene suficiente dinero para contratar un despacho legal particular.
“Las abogadas de la Unacar nos señalan como culpables de un acto delictivo y olvidan que existe la presunción de la inocencia”.
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