Perdieron todo en San Eduardo

Casas hechas de cartón y láminas abandonadas, borregos desaparecidos y cultivos de chihua, maíz, yuca y otros a punto de perderse, así luce la comunidad de San Eduardo, cuyos habitantes miran con nostalgia lo que eran sus hogares, donde fueron desalojados violentamente por orden de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Colindante con un predio donde la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez construye un nuevo corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y aledaño al poblado de Nuevo San Antonio Ebulá, se ubica San Eduardo, donde 87 familias se asentaron desde hace siete años.

Cerca de donde se construye la estación del Tren Maya, está el camino de terracería para acceder a la comunidad. Las casas son de palos y láminas de cartón. La mayoría cuenta con agua potable de tomas que provienen de Nuevo San Antonio Ebulá, y algunos habían contratado energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los habitantes, que llevan ocho días plantados en el Palacio de Gobierno tras ser desalojados por elementos de las policías Estatal Preventiva y ministeriales, por orden de Layda Sansores, regresaron a la comunidad para mostrar a los reporteros de TRIBUNA las condiciones de sus casas, pero no pudieron ingresar, porque el predio está acordonado y custodiado por una patrulla de la SPSC.

“Canelo”, uno de los perros que se quedaron, corre hacia su amo. Se alegra de verlo. Otros animales que criaban, como borregos, han desaparecido. Las gallinas buscan alimento. Once días sin ser atendidos con alimentos y agua. A lo lejos se observan las pertenencias tiradas en el suelo. A ellos, los más de 100 policías no les dieron tiempo para poder sacar sus cosas. La iglesia de la comunidad se quedó a medias. Estaban construyendo un espacio de oración

Esteban Calán Ehúan había sembrado chihua y maíz. Estaba ya en desarrollo. El camote crece entre la yerba. Alberto Vázquez Bautista no sabe de sus gallinas ponedoras y gallos de pelea. Guadalupe Narváez no puede sacar pertenencias de sus hijos.

Layda Sansores miente al acusarnos que no vivíamos en nuestras casas. Este es el hogar que nos arrebató. Aquí estábamos construyendo nuestro patrimonio con mucho esfuerzo, no palacios como los de ella, porque somos pobres, y con sacrificio levantamos las viviendas.

Los desalojados acudirán este martes a una audiencia a las nueve de la mañana en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la demanda que enfrentan por el presunto delito de despojo. Aún no saben quién los denunció. Según funcionarios de la Secretaría de Gobierno, apareció un presunto dueño de apellido Castilla, quien al parecer dio en arrendamiento el predio y el contrato vence el próximo año, pero ya se lo donó a la gobernadora Layda Sansores.