Las cárceles en el Estado registran problemas de ingobernabilidad por la nula capacitación e insuficiencia de personal penitenciario, presencia de actividades ilícitas, falta de supervisión y deficiencias en la atención a personas en aislamiento, la prevención e intervención en incidentes de violencia.
Así lo alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (SNSP) 2022, nuevamente las aprueba con calificaciones de “panzazo”.
De acuerdo con la edición de este estudio publicado el miércoles 7 de junio, los centros de Reinserción Social (Cereso) de Campeche obtuvieron la calificación mínima aprobatoria, en cuanto al respeto de los derechos humanos de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) al interior de los mismos, evidenciando las deficiencias con las que continúan operando a casi dos años de Gobierno de Layda Elena Sansores San Román.
El diagnóstico señala que el centro penitenciario de Carmen bajó de calificación, toda vez que el organismo le otorgó apenas seis, mientras en 2021 fue de 6.01, lo que representa una disminución de una milésima.
Y reveló que no existen condiciones adecuadas para la gobernabilidad, debido a la nula capacitación del personal penitenciario; además, hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, aparte de la presencia de actividades ilícitas al interior.
Mientras el Cereso de San Francisco Kobén, ubicado en el Municipio de Campeche, obtuvo calificación de apenas 6.47 puntos en el diagnóstico 2022 de la CNDH, registrando una irrisoria mejora con relación a los resultados del año anterior, cuando recibió 5.83 en cuanto al respeto a las garantías individuales de las PPL.
Las carencias de este centro de reclusión se centran en la inexistente supervisión en su funcionamiento por parte de la titular del Sistema Penitenciario, deficiencias en la atención a las PPL en condiciones de aislamiento e insuficiencia de programas enfocados a la prevención y en atención de incidentes violentos al interior.
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