Al recalcar que tanto la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz, como la Policía Municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus son responsables de la inseguridad, el presidente de Contraloría Ciudadana, Javier Bello Ávila, exigió a la gobernadora Layda Sansores que siente a ambos para que limen asperezas y trabajen por la seguridad de los campechanos, pues no hay combate frontal a la delincuencia y por eso “todo mundo mete armas y drogas”.
Afirmó que la creciente violencia registrada en Campeche evidencia una falta de coordinación entre las corporaciones de seguridad y autoridades de los distintos niveles de Gobierno, lo que genera temor en la ciudadanía, y aseveró que los intereses políticos no pueden prevalecer sobre la seguridad de los campechanos.
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