¿Y LA AYUDA SOCIAL?

No se investiga en qué se ejerce, no se piden comprobantes de los recursos erogados y tampoco se detalla en la Cuenta Pública ni en el anexo estadístico el destino de más de mil 411 millones de pesos…

En estos tres años de su pésima administración, la Oficina de la Gobernadora ha manejado una bolsa de mil 411 millones de pesos para el rubro de “ayuda social”, fondo que es aparte e independiente del presupuesto asignado para el pago de sueldos, salarios, prestaciones y otros servicios del personal que se encuentra al servicio de la mandataria.

Según el Presupuesto de Egresos de 2022, para ‘ayuda social’ destinaron 394 millones 261 mil 463 pesos; en 2023 el monto creció a 536 millones 730 mil 761 pesos, y para este año (2024) se le aplicó un pequeño recorte, para dejarlo en 480 millones 187 mil 255 pesos.

Se supone que de esa bolsa, la Oficina de la Gobernadora  toma los recursos para apoyar a personas de escasos recursos, sea con medicinas, sillas de ruedas, féretros, efectivo para gastos de emergencia, o algunas otras necesidades.

La verdad sobre su destino no la sabe nadie fuera del círculo cercano de la corrupta Layda Elena, porque ese dinero no se fiscaliza. No se investiga en qué se ejerce, no se piden comprobantes de los recursos erogados y tampoco se detalla en la Cuenta Pública ni en el anexo estadístico de los tres informes presentados hasta ahora, el destino de más de mil 411 millones de pesos.

Ni la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), ni la Secretaría de la Contraloría, y mucho menos la Auditoría Superior del Estado (Asecam) han documentado o por lo menos revisado el tema. No quieren meterse a escudriñar en qué se  hasta ese dineral porque saben que, si le mueven tantito, van a encontrar todo un mar de corrupción.

La razón es simple: en Palacio de Gobierno se dejaron de dar apoyos o “ayudas sociales” desde hace tres años. De nada sirve acudir a ese edificio gubernamental a tramitar alguna ayuda, porque la respuesta es la misma siempre: “no hay presupuesto”. ¿Qué se hace con ese dineral? Nadie lo sabe.

Fue el diputado federal morenista José Luis Flores Pacheco quien alertó sobre ese fondo contenido en el capítulo VI de la Ley de Presupuesto de Egresos. Fue él quien descubrió la llave de la corrupción del Gobierno sansorista, y gracias a ello lo expulsaron de Morena.

Quien debe informar directamente sobre el destino de ese monto es la propia gobernadora, porque es su oficina la que lo maneja. No es un tema que conozca el secretario de Finanzas, o el de Gobierno. Es asunto directamente de la mandataria. Pero ella no comparece ante los diputados, ni ha rendido cuentas en estos tres años de su mandato, de manera que nunca sabremos el destino final de esa multimillonaria cifra. Lo que sí sabemos es que no se ha ejercido en beneficio del pueblo y menos, de los más pobres.