¿QUIÉN VIGILARÁ AL VIGILANTE?
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y traslada sus funciones a un nuevo organismo bajo control de la Presidencia. La reforma fue avalada con 25 votos a favor y 5 en contra, y ahora pasará al Pleno, donde Morena buscará su aprobación definitiva.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que esta reforma debilita el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, al concentrar el control de la transparencia en el Ejecutivo. Señaló los principales riesgos del dictamen:
- El gobierno se investiga a sí mismo. El nuevo órgano de transparencia será designado directamente por la Presidencia, sin intervención del Congreso, lo que plantea la pregunta: ¿quién vigilará al vigilante?
- Información clasificada por “paz social”. Se podrá negar el acceso a documentos si se considera que afectan la paz social, un término ambiguo que podría justificar la opacidad en casos como el Tren Maya o Segalmex.
- Blindaje a funcionarios. Las denuncias contra servidores públicos quedarán en secreto, impidiendo conocer sanciones o investigaciones en su contra.
- Burocracia que estorba al ciudadano. Se crean 18 autoridades federales distintas para gestionar la transparencia, lo que fragmentará el acceso a la información y dificultará su obtención.
- Tus datos personales, en riesgo. Los ciudadanos deberán demostrar un daño previo para exigir la protección de sus datos, mientras que partidos políticos y empresas podrán utilizarlos sin consentimiento.
La reforma avanza en medio de críticas de especialistas y organizaciones civiles, quienes advierten que representa un retroceso en el derecho a la información y la rendición de cuentas en México.
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