Juan Alcudia, presidenta del Poder Judicial de Campeche, ordenó al oficial mayor y a los directores de Servicios Generales y de Recursos Humanos convocar a una reunión extraordinaria y urgente. En dicha reunión, se informó a los jueces que no hay vehículos disponibles, que deben evitar enviar expedientes a la Central de Actuarios y que tampoco hay papelería suficiente. Por ello, se les instruyó a optimizar recursos y reducir gastos al máximo, ya que tampoco se cubrirán interinatos.
Ante estas declaraciones, los jueces manifestaron su inconformidad. Sin embargo, la presidenta respondió que, si cuentan con recursos para gasolina, utilicen sus propios vehículos oficiales para acudir a las diligencias judiciales.
Los magistrados foráneos y su gente quedándose con el presupuesto del poder judicial. Pero si obligan a los jueces interinos que vinculen a los opositores, periodistas y campechanos, aún se violen derechos humanos. Ellos se irán ricos, pero los jueces locales se quedan en campeche desprestigiados y señalados por corruptos, porque violar la constitución también es corrupción.



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