Luego de ordenar el cese de 10 elementos policíacos y la suspensión del pago a 65 mujeres, la gobernadora Sansores asegura cínicamente que “no quiere perjudicar a nadie”. Además, su consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia, insiste en que los policías están siendo engañados con el tema de los amparos, revelando que es falso que hayan desacatado alguno. Los jueces resolvieron que no se pueden suspender los procedimientos de sanciones disciplinarias contra los sublevados, impuestas por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, bajo el mando de Marcela Muñoz.
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