Tras confirmar la suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a Jorge Luis González Valdez y la bajada de la plataforma digital de TRIBUNA, la jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May, aprobó medidas más drásticas y violatorias de las garantías constitucionales argumentando que es prioridad salvaguardar los derechos de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
La juzgadora, en apoyo a las peticiones del asesor jurídico Miguel Oliver Huchim Ortiz y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, determinó la intervención judicial de la plataforma digital, esto es, que un representante del Tribunal Superior de Justicia conozca y apruebe, antes de publicarse, el contenido de sus notas y comentarios.
Al periodista González Valdez le advirtió que deberá de abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores, y de no escribir ni publicar imágenes que a ella se refieran.
Todo lo relacionado con sus publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deberán ser supervisados y vigilados por un interventor.
Lo más aberrante es que la juez afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero que hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores.
La juez interina insistió en que así no se afecta la libertad de expresión y demandó que el periodista sea acompañado por un censor oficial cuando grabe u opine en algún programa, de lo cual estará pendiente la Unidad de Medidas Cautelares y el órgano de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia.
La sentencia de la juez Huitz May claramente censura la libertad de expresión de TRIBUNA y de González Valdez.
TRIBUNA rechaza y reprueba las medidas de censura dictadas por la juez Huitz May y optará por no publicar nada en tanto la ley mordaza de Layda Sansores esté vigente.
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