Más que instituciones educativas de apoyo a las personas con menos recursos, los centros de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) y de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), que administra el DIF Carmen, están convertidos en colegios particulares y negocios redondos.
Así denunció Yaneth Jiménez Rueda, vicepresidenta de la Asociación de Padres Responsables Carmelitas, A.C., y expresó que la administración municipal se aprovecha del regreso a clases presenciales y de la necesidad de los padres, para cargarles la mano.
“De acuerdo con lo revelado por las madres de familia, no sólo incrementaron las aportaciones en especie, sino convirtieron la colegiatura es una exigencia disfrazada de donativos a la fuerza”.
La activista recordó que tanto los CAIC, como los CADI, fueron creados como instituciones para apoyo de las madres y padres que laboran y que no tienen un espacio donde dejarlos, sin embargo, ahora con la carga de cobros que hacen, desde la inscripción, colegiaturas y hasta seguros, deben operar como colegios particulares.
“Los padres de familia desconocen cómo se lleva la administración de esos recursos, quien los audita y quien autoriza los cobros que hacen, a quien le rinden cuentas las directoras y maestras de estos planteles, así cómo en que se invierten dichos recursos”, sintetizó.
Explicó que si bien es cierto, las escuelas de carácter público cobran cuotas de padres de familia, son disfrazadas con un Comité de Participación Social o Sociedad de Padres de Familia, sin embargo, en los CAIC y CADI, los cobros son tutelados por Rosemarie Lazarus Jaber, mamá del alcalde.
“Estamos en una economía estancada, sin fuentes de empleo, con aumento en los precios de la canasta básica, a lo cual, los padres cuyos hijos acuden a esas instituciones deben sumar las aportaciones de colegiatura, que ahora está convertida en una lacerante carga para la economía de ellos”, explicó.
Pidió a las autoridades del DIF Carmen y educativas, rendir cuentas sobre el funcionamiento de esos centros educativos, que “lastiman” la economía de las familias más vulnerables, porque en lugar de servirles de apoyo, se volvieron un problema económico.
“Se supone que la educación básica debe ser laica y gratuita, sin embargo, en esas instituciones se paga como su fueran privadas, lo cual no es correcto y debe ser investigado. Aunque como la 4T maneja la educación, cualquier cosa se puede esperar”.
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