El Gobierno del Estado impone a la rectora pero no resuelve el problema
ionados por el atraso de sus pagos y que fueron llevados hasta la Rectoría por el dirigente del Sutunacar, Ramón Magaña Martínez, el exvocero de la máxima Casa de Estudios, Jorge Luis Sansores Domínguez, dijo que existe discriminación hacia los extrabajadores universitarios.
El abogado, quien estaba a un lado de los manifestantes apoyados por Magaña, aseguró que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román quiere llevar la Unacar a la ciudad de Campeche.
“El problema es que el Gobierno del Estado impone a la Rectora, pero no resuelve el problema”, abundó.
Pedimos que haya información transparente a la sociedad en general. Que sepan cómo está la situación y que participen en determinado momento, porque como veo las cosas, pretenden desaparecer la universidad.
Sobre las acusaciones contra el dirigente Magaña, de que engaña y utiliza a los jubilados, mencionó que lo que no se vale es la incongruencia.
“Los utiliza muchas veces y la prueba está en que el movimiento que dio origen al cambio de rectora fue la salida de Ruz, quien propició ese representante”.
La salida de Sandra Laffón no acabaría con el conflicto, porque el problema es que no trabajan sobre el punto medular. Hay que crear una comisión bien establecida, que se ocupe incluso del Patronato.
“Se sobreentendía que con la llegada de la rectora se iba a “sanar” el tema del pago pendientes a jubilados, pero hasta el momento no se ha visto. Ella tiene prácticamente 11 meses de estar en el cargo”.
De las recientes protestas frente a las oficinas de Sandra Laffón, comentó que quienes conocen sus derechos han demandado laboralmente, para tener certeza jurídica.
Al hablar del pago a un grupo de viudas, aplaudió que haya ocurrido esa situación, pero aclaró: “Hasta el momento no he visto alguna acción concreta, sólida, que dé certeza al pago y al cumplimiento de ese derecho”.
Hay ciertas situaciones que se dan de manera incongruente, en el sentido de que si le van a pagar a uno, que le paguen a todos. Se trata de derechos e igualdad.
“Las autoridades de rectoría discriminan porque a los empleados administrativos de confianza, hasta la fecha no nos han pagado”.
“De acuerdo a la lista más reciente de dispersión que tengo conocimiento, hace 15 o 20 días, fueron entre 40 y 50 personas a las que pagaron, pero fue información que proporcionó Magaña”, puntualizó el exvocero.
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