Con la liberación de un presunto integrante de La Manada, acusada de violación múltiple, la indignación social aumentó fuertemente y puso de nuevo en el centro del debate la actuación del sistema de justicia en el Estado de Campeche, ante lo cual activistas y colectivas feministas advierten que este caso demuestra que hay justicia selectiva donde los agresores con conexiones políticas o económicas reciben trato preferencial, mientras periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos enfrentan persecución e intimidación.
Al respecto, Roxana Salas Tovar, directora jurídica de una colectiva en Ciudad del Carmen, consideró alarmante el mensaje de las autoridades de que la justicia depende de cuál es tu apellido y de cuánto tienes o ganas en nómina, ante lo cual calificó como simulación el endurecimiento de penas y reformas legales debido a que no son aplicadas con imparcialidad. “La impunidad genera miedo y silencio, por lo cual muchas mujeres deciden no denunciar”, sentenció.
Pese a este panorama, las colectivas anunciaron que seguirán alzando la voz, ya que mientras se proteja a agresores y se persiga a quienes denuncian, en Campeche la justicia seguirá siendo un privilegio y no un derecho en el actual Gobierno de Layda Sansores.
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