Persigue Layda a los periodistas

El periodista Abraham Martínez Caamal inició denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) por abusos y excesos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, acusó que hay persecución política contra él por su labor de periodista crítico contra la Administración de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y reveló que la responsabilizó por abuso de autoridad, delitos de odio, peculado y lo que resulte, por lo que teme por su vida, la de su familia y sus colaboradores.

Detalló los abusos y excesos que recibió, junto con su familia por parte de los policías, que lo detuvieron con el pretexto de que su camioneta no tenía el polarizado autorizado, y sostuvo que en realidad es consecuencia de la persecución política que la gobernadora Layda Sansores tiene contra sus críticos a través de la guanajuatense Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
A las afueras de la Codhecam, reiteró que ante el continuo acoso y agresiones de la autoridad estatal, teme por su vida y la de su familia, por lo que pidió la protección de las autoridades federales y se acogió al programa de protección a periodistas, lo que ocurrió en febrero pasado.

La persecución política se intensificó —afirmó—, a raíz de la denuncia que ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche interpuse contra la gobernadora Layda Sansores, con fecha 12 de mayo del año en curso, en la que se manifiesto que en su programa Martes del Jaguar en forma reiterada ha realizado afirmaciones y denostaciones sobre mi persona y mi actividad como periodista.

Con sus expresiones injuriantes y ofensivas la gobernadora busca exhibirme como persona deshonesta, y así afectar mi honor, mi prestigio y la imagen que tengo como periodista ante la sociedad campechana.

Detalló que la noche del sábado activó el protocolo de protección a periodistas, pues temió por su seguridad y la de su familia, y exhibió la copia de la infracción que le fue impuesta, “donde pusieron incluso que no existían datos del propietario del vehículo, que no tenía tarjeta de circulación, la licencia de conducir y por el polarizado, boleta que quedó en poder de la Codhecam, pues ellos iniciaron una diligencia por protocolo de protección”.

La presencia de la titular de la Codhecam. Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, y de la Guardia Nacional se debió al protocolo de seguridad a periodistas que se activó, “pero a los elementos de Seguridad Pública les valió ese protocolo y la presencia de la presidenta de los Derechos Humanos, pues mi camioneta, con mi familia y todo al interior, fue subida a una grúa y llevados a las instalaciones de la policía, a un área completamente oscura”.

“Fue un abuso de autoridad. Hoy se inició ante Derechos Humanos la queja y mañana la ratifico. También acudiré ante la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General de la República a presentar la querella correspondiente”, aseguró.

“Este ha sido un caso más de persecución política, de amedrentamiento, y a mí me pueden hacer lo que quieran, pero que con mi familia que no se metan. Hay cinco policías completamente identificados con nombre y apellidos, que van a aparecer en la denuncia de la Codhecam y a quienes hago responsables, junto con Marcela Muñoz y Layda Sansores, de lo que pudiera pasarme”, anticipó.