Ahora van por la militarización del ciberespacio

Guardia Nacional, Sedena y Semar tendrían manga ancha para espiar.

Mientras organizaciones advierten del grave riesgo que representa para los derechos humanos en el contexto digital, la Cámara de Diputados se prepara para analizar la iniciativa de Ley Federal de Electricidad, que daría paso a la militarización del ciberespacio.

Lo anterior, a propuesta del diputado ecologista Javier López Casarín, con lo cual se daría manga ancha a la Guardia Nacional y a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, para espiar.

Y es que de acuerdo con el periodista Juan Ortiz, las comisiones unidas de Seguridad y Ciencia de la Cámara de Diputados ya aprobaron la metodología para el dictamen, que prevé reuniones con representantes de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia entre el 19 y 20 de este mes.

Para el 28 sería la discusión y votación del dictamen de dichas comisiones.

Las organizaciones Artículo 19 y Red en Defensa de los Derechos Humanos (R3D), han alertado sobre los riesgos que trae consigo dicha propuesta, presentada por López Casarín en abril de 2023, con el argumento de dar atención a los riesgos y proteger los activos de los cibernautas.

LOS RIESGOS

Para R3D, se trata el tema sólo desde la perspectiva de seguridad nacional, y las Fuerzas Armadas tendrán vía abierta no sólo para monitorear el ciberespacio, sino para intervenir comunicaciones privadas que considere sospechosas e ilegales.

La Ley Federal de Ciberseguridad faculta a la Fuerzas Armadas a dar de baja direcciones IP, dominios y sitios web de forma discrecional, y los particulares estarán obligados a proporcionar la información que requieran las autoridades “sin definir procedimientos ni requisitos”.

Por su parte, Artículo 19 subraya que la iniciativa revela un profundo desconocimiento de las nociones básicas de derechos humanos en el entorno digital, del funcionamiento de las tecnologías y la economía digital.

“Su mala técnica legislativa produce desde la invasión de competencias de órganos constitucionales autónomos, hasta resultados inviables o imposibles”.

Resume su preocupación en cinco puntos: militarización de la ciberseguridad, censura en Internet, invasión a la privacidad, deficiente técnica legislativa y delitos informáticos amplios, vagos, redundantes y autoritarios.

Tanto esta iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad, no resultan ser ni constitucional ni operativamente viables, ni han procurado la participación de todas las voces y perspectivas desde una perspectiva multisectorial, sentencia.