En carta entregada a la gobernadora detallan corruptelas en Indajucam

Trabajadores del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche detallan en carta entregada a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, irregularidades y corruptelas de su director, Luis Humberto López López, como acoso, intimidación, trato ofensivo y grosero, contratación de amigos y familiares y violación de la ley al litigar como abogado particular, por lo que exigen cesarlo.

El personal del Indajucam señala que acude a Sansores “con la confianza de que durante el informe del primer año de actividades del director, el 18 de noviembre de 2022, señaló que si se portaba mal, lo acusáramos”.

“Tomando su palabra, defensores públicos, asesores jurídicos y de víctimas de oficina central, destacamentos y la subsede de Ciudad del Carmen, nos acercamos a la gobernadora porque no podemos ser cómplices de actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, odio hacia las mujeres (misoginia), clasismo y lenguaje vulgar con el que se conduce”.

Nuestra institución —agregan en su escrito de 13 cuartillas, entregado en la Oficina de la Gobernadora el pasado 9 de mayo—, se ha distinguido por ser muy noble, ayudar a grupos vulnerables y sobre todo que se haga justicia a quien lo necesita.

Por esa razón la actitud como servidor público de nuestro actual director es incompatible con los principios de la institución, establecidos en los artículos 4 y 38 de la Ley de Defensoría Pública y Asistencia Gratuita del Estado de Campeche y el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Campeche, regulados en su artículo 11.

Le señalan a la gobernadora que el escrito contiene el sentimiento de cada una de las personas que la firman, y al darle lectura se percatará que la confianza depositada en Luis Humberto López López fue defraudada y denigrada.

Ante ello, el personal del Indajucam solicita la destitución inmediata de Luis Humberto López López, y que con los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Defensoría Pública aumenten los salarios a la base trabajadora de confianza (defensores, asesores de víctimas y del área civil familiar) que gana cinco mil 500 pesos a la quincena.

También piden la nulidad y/o cancelación de los contratos de los llamados abogados de élite, que no cumplieron con los requisitos legales, y que las bases otorgadas por amistad o familiaridad con el actual director sean quitadas y se las asignen al personal que por años ha esperado la oportunidad de nivelación.

Desvía recursos y contrata a amigos

Acusan que Luis Humberto López López desvía los recursos del Programa Estatal de Apoyo de Fortalecimiento a la Defensoría Pública y contrata con ese presupuesto a sus amigos, familiares e íntimos.
Varios de los contratados ni siquiera son licenciados en derecho ni han desempeñado las funciones de defensores y asesores de víctimas, en materia familiar o civil, explican.

Desconocemos cuáles son sus funciones, por lo que solicitamos investigar, ya que no se observa el fortalecimiento de la Defensoría por ningún lado. El trabajo fuerte y constante, recuerdan, lo seguimos desempeñando la base trabajadora que ha existido antes de esta Administración.

Entre los contratados de manera discrecional por López López mencionan a Teresa de Jesús Avilés Rocha, Fernando Alberto Ríos, Karla Ruiz Espinoza y María Chablé, quienes se tienen que excusar de conocer carpetas de investigación por marco legal, ya que no pueden ser fiscales y defensores en el mismo proceso.

Entre las beneficiadas también está Mildred Verónica Magaña Rodríguez, a quien le asignó plaza de defensor por la jubilación de una trabajadora, pese a que sólo tenía seis meses y hay otros con mayor tiempo laborando.
También se encuentran Laura Elena López Pacheco, con cargo de coordinadora, quien es prima de López López; Leonor Piña Sabido, exdiputada priísta; Wilberth Antonio Villagrana Rivera, auxiliar de oficina, quien funge como fotógrafo personal del director; Alex Enrique Abello Damas, analista especial con sueldo de 24 mil al mes. Mildred Magaña Moreno, como defensora. Le dio plaza nivel 6.1 y desplazó a 29 trabajadores con más antigüedad que aspiraban al puesto.

Francisco de Jesús Dorantes Ramos, jefe de departamento, amigo personal del director; Lorena del Rosario Tello García, subdirectora; Mirlene Guadalupe Aguayo González, directora de Transparencia a pesar de ser docente de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UAC.

Además Joan Luis Gilbert Arias Maldonado, contador, quien contrata aviadores; Eduardo Enrique Mex Pérez, titular de víctimas; Cristian Martínez Martínez, secretario particular y chofer a disposición del director. Alfonso José Briceño Navarrete, jefe de departamento, y Estefanía Quijano Cruz, asesora. Solicitan la anulación de esos contratos y que con los recursos aumenten los salarios de los trabajadores de base.