El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó más de 24 mil solicitudes de personas que buscaban acreditarse como observadores en la elección judicial del próximo 1 de junio, según La Jornada. ¿La razón? Eran militantes de partidos políticos o funcionarios vinculados a programas sociales, justo los perfiles que la ley prohíbe en esa función.
Según datos presentados por el propio INE, se han recibido 136 mil 459 solicitudes para participar como observadores electorales, una cifra sin precedentes. Pero entre ese ejército ciudadano, casi una quinta parte fue descartada por conflicto de interés evidente.
Llama la atención que tantos militantes y operadores políticos quisieran formar parte del proceso como “observadores imparciales”, en una elección que, por definición, no incluye participación directa de partidos. El intento de infiltrarse por la vía ciudadana plantea dudas: ¿realmente querían observar?
Las entidades con más solicitudes rechazadas fueron el Estado de México y la Ciudad de México. Además, el perfil dominante entre los aspirantes aprobados son mujeres jóvenes de entre 21 y 25 años.
Consejeros del INE recordaron que los observadores no pueden hacer proselitismo, interferir en el desarrollo de la jornada, ni portar símbolos partidistas. Su papel es meramente observacional. Aun así, nunca antes hubo tanto interés político en un proceso judicial aparentemente apolítico.
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